El que fuera arquitecto municipal de Benavente, Ramón Ávila García, su hijo y su esposa y el socio de esta en la promotora del edificio Mercantil, Promer, acaban de ser condenados a un año de prisión cada uno de ellos por un delito de alzamiento de bienes, derivado de "las adjudicaciones masivas de inmuebles" de la promoción entre febrero de 2008 y septiembre de 2009 para "evitar perderlos" con "posibles embargos por deudas". Esas propiedades, más de 40, deberán revertir a Promer, de acuerdo con la sentencia condenatoria, que impone multas de 3.240 euros a cada uno de los cuatro condenados.

En los acreedores a los que los procesados trataban de no pagar se encuentra el Ayuntamiento de Benavente, que impuso una multa de 310.510 euros a la sociedad por sanciones graves al exceder alturas y contravenir el Plan de Urbanismo en el Mercantil, según la sentencia del Juzgado de lo Penal de Zamora. "Cuando el Ayuntamiento dictó providencia de embargo el 19 de noviembre de 2009 no existía ningún bien a nombre de Promer y las cuentas bancarias carecían de saldo", concreta el fallo.

La magistrada considera probado que Ávila García, su esposa, de iniciales M.P.V.C., y su hijo, F.R.A.V., crearon la empresa Trantor Minipax el 10 de agosto de 2010 para poner a salvo los pisos, oficinas, trasteros y garajes que compraron meses antes a Promer y transfieren después a la nueva sociedad. De las declaraciones de los imputados, incluido el otro socio de Promer, J.F.L., la juez concluye que "claramente "los socios se repartieron los pisos de la sociedad como una forma de reembolsarse las aportaciones realizadas" a Promer "ante las dificultades patrimoniales por las que atravesaba la entidad al no venderse los pisos y tener los socios que aportar capital para evitar la ejecución de la hipoteca y para impedir que pudieran embargase" a petición de los acreedores.

El exarquitecto y su mujer llegaron a vender a J.F.L., socio de esta en la promotora del Mercantil, propiedades por valor de 663.500 euros, de los que el comprador pagó 302.310 euros, de acuerdo con sus propias declaraciones durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal, en mayo pasado. Es un año después cuando el matrimonio y su hijo crean Trantor Minipax, a la que aportan las fincas adquiridas a Promer.

Respecto de los pagos a cuenta de los dos socios de Promer, la sentencia afirma que son "sucesivas aportaciones de dinero realizadas en las mismas fechas y por el mismo importe, cuya finalidad era provisionar a la sociedad" para los pagos diarios, aportaciones que "decidieron reembolsarse adjudicándose inmuebles al margen de los acreedores", dadas las dificultades económicas de la firma.

Por otro lado, descarta que las adjudicaciones de los inmuebles se efectuaran en pago a las deudas que la sociedad tuviera con los acusados, puesto que "no hay acuerdo social en este sentido; no consta acreditado que realmente" existieran esas deudas, y "tampoco hay tasación de los inmuebles que se adjudicaron ni cuantificación de las deudas de los socios" que pudieran justificar este sistema de pago.