Los examinadores de tráfico han retomado ayer la huelga con un seguimiento en toda España de más de un 70%, dejando sin realizar unos 3.000 exámenes prácticos en la primera jornada de paros convocados para septiembre, según indican fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT). En concreto, la DGT cifra el seguimiento de este primer día de huelga de septiembre por parte de los trabajadores en un 70%, mientras que la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) sitúa esta cifra en un 80,59%. "Es un porcentaje bastante alto para que la DGT se siente a negociar", ha valorado en declaraciones el presidente de la entidad, Joaquín Jiménez, que reitera que "no va a haber servicios mínimos en septiembre", mes para el que están previstos paros para cada lunes, martes y miércoles.

Ante esta situación, desde las autoescuelas reclaman la solución del conflicto. La presidenta de la Asociación de Autoescuelas en Zamora, Sonia Alonso, señala que "las convocatorias de exámenes prácticos llevan un retraso de al menos diez días en la provincia". Actualmente, hay cuatro examinadores, de los cuales tres han hecho huelga y, "el trabajador que sí acudía a su puesto de trabajo a partir de ahora está de baja, por lo que solo se realizarán pruebas durante los jueves y viernes de septiembre", según la presidenta de este colectivo. "Estas dos semanas son clave: aunque se está agudizando, creemos que se resolverá", augura Alonso.

La agrupación decidió el pasado 23 de agosto desconvocar la huelga indefinida "por sensibilidad con los casos más urgentes", pero no descarta prolongar los paros parciales a los siguientes meses si el organismo dependiente de Interior no propone una solución al conflicto. En dicha reunión, no hubo acuerdo sobre la situación ni sobre servicios mínimos. La asociación de examinadores ha dejado en manos de la DGT convocar al comité de huelga y negociar alguna salida, al tiempo que ha advertido de que si Tráfico no reacciona, el conflicto continuará.

El motivo de la huelga es la petición de un incremento salarial -de más de 200 euros al mes-, acorde con las características del puesto: elevada complejidad técnica, peligrosidad y gran responsabilidad dentro de la seguridad vial. La DGT, en cambio, defiende que no es de su competencia este aumento económico y afirma que han trasladado la petición del colectivo a Hacienda, órgano competente en dicha materia. Asimismo, los examinadores también exigen con estos paros la mejora de las condiciones laborales de su puesto, al haber un déficit en el número de funcionarios, y aseguran que el conflicto se hubiera evitado si Tráfico hubiera cumplido con el colectivo en 2015, cuando la Administración se comprometió a elevar el complemento específico.