Diecisiete años después continúa atada a su maltratador por el laberinto legal que atrapa a las mujeres víctimas de violencia de género. Su caso es el de otras muchas mujeres que la Ley de Violencia de Género no ha logrado solventar: las deudas de su marido, de quien se separó en 2003 tras otros dieciséis años y medio soportando vejaciones, desprecios, empujones, gritos y golpes, viviendo aterrada con su hija.

Esta mujer zamorana de 55 años de edad, que denunció a su maltratador por primera vez en 1995 y un policía mandó a su casa "a arreglar las cosas porque no tenía señales físicas", volverá a ver a su exmarido, también zamorano, en octubre próximo. Será en el transcurso de un juicio para reclamar la titularidad de la vivienda familiar pagada a medias que él continúa disfrutando, la que tuvo que abandonar casi con los puesto con su hija adolescente el 17 de enero de 2003. Fue después de la segunda denuncia, ella ya con el ojo morado porque su exmarido la pegó con un cinturón cuando preparaba la cena de la Nochevieja de 2002 y llegó borracho.

Por tan solo un año, no pudo beneficiarse de la Ley de Violencia de Género aprobada por el Gobierno del PSOE en diciembre de 2004 que ampara a la mujer y a sus hijos y obliga a los maltratadores a dejar el domicilio familiar, situado en la capital.

Esta zamorana, propietaria de la mitad de la casa que fue escenario de sus continuos malos tratos, lleva dieciséis años dando tumbos con su hija fuera de la provincia de Zamora: primero en la casa de acogida siete meses, después en un piso tuteado hasta que su hija terminó los estudios en la universidad. Ahora reclama la titularidad de la vivienda situada en la capital zamorana para "que pase a formar parte de la sociedad de gananciales que tenía con su exmarido", del que se separó en 2004 y se divorció en 2008, y poder liquidarla, vender la casa y terminar con la pesadilla de las deudas de su maltratador.

La adicción al alcohol y al juego de su expareja explican esta mala situación económica que atormenta a la mujer, "no he podido tener trabajo con una nómina porque me las embargan por culpa de sus deudas", con lo que no podía mantener a su hija ni mantenerse ella. La última vez que Hacienda le embargó fue hace unos meses, cuando la mujer recibió la ayuda al alquiler del año 2016. La deuda era de 1995, explica la hija. Tuvieron que acudir a la reclamación judicial para poder justificar que las deudas son del exmarido condenado por violencia de género y poder recuperar un dinero que es imprescindible para el sustento de madre e hija, especialmente después de que la joven, que tiene ahora 30 años, perdiera el trabajo. La madre trabaja por horas limpiando, donde puede. Hace solo un mes que Hacienda les ha devuelto el dinero.

Precisamente, esa retahíla de deudas puso en peligro la casa que compartía el matrimonio y para evitar los embargos se decidió ponerla a nombre de los padres de él, a pesar de que "la hipoteca, que firmamos en 1996, la pagamos juntos hasta que me tuve que ir", en 2003, explica la mujer. El maltratador se quedó viviendo en ella. La muerte de los abuelos, una vez divorciada la pareja, ha complicado aún más la situación, puesto que la casa ha pasado a manos de todos los hijos, como parte de la herencia, "y ellos recurren todo", lo que explica que el pleito siga sin una sentencia desde que se planteó en 2012.

Esa reclamación la titularidad del piso, que ahora tiene que resolver una juez, es la última baza que tienen madre e hija para recuperar parte de lo invertido en su día, "para que pase a formar parte de la sociedad de gananciales, venderlo" y pagar todo lo que su excompañero sentimental debe. La sociedad de gananciales del matrimonio se liquidará igualmente, agrega la hija, con la diferencia de que "no habrá activos para hacer frente a las deudas de mi padre". La joven, otra víctima del maltrato de su padre, justifica esta demanda judicial porque "la Ley de Violencia de Género dice que tenemos derecho a la vivienda y porque la mitad de la hipoteca la pagó mi madre, que se venda o lo que sea".

Entre los acreedores del padre está ella misma, a la que debe 10.000 euros porque "nunca me ha pagado la pensión alimenticia y gastos de estudios". Un dinero del que no ha visto un euro, "como es insolvente y no tiene ingresos" no ha pagado nada. La denuncia de 2011 por los impagos de pensión le costó la cárcel al maltratador porque al conocer la decisión del juez "llamó a mi madre y le dijo "yo iré a la cárcel, hija de puta, pero cuando salga te voy a matar", lo denunciamos y le condenaron a dos años de prisión, también por las amenazas".

Fue la joven, con 16 años, la quien casi obligó a denunciar a su padre en enero de 2003, tras la último de tantas agresiones. Aquella Nochevieja de 2002 "llegó borracho", como tantas veces, "yo estaba preparando la cena, empezó a zarandarme, me dio con el cinturón en el ojo", rememora la mujer. Pensó que la pesadilla acabaría ese 17 de enero de 2003, con la denuncia ante la Policía Nacional. "Me quedó un moratón y me decía "sal a ver que te he hecho"". Él la llevó hasta el hospital, "pero dejó allí, me miraron y a las dos de la mañana me volví sola a casa. Me daba pánico entrar, él estaba en la cama y yo estuve poniéndome hielo en el ojo toda la noche", a las siete de la mañana tenía que ir al trabajo. Cuando la denuncia llegó a casa el 17 de enero, la persiguió con un cuchillo. Fue el principio del fin. O eso creía.