Los ayuntamientos de la provincia de Zamora mantienen una deuda viva con los proveedores de 1,8 millones de euros. Las facturas pendientes siguen sobre la mesa de los pequeños municipios al carecer de liquidez para el pago definitivo. El Ministerio de Hacienda ha actualizado recientemente los datos de la "cuenta 413", un mecanismo legal que permite a las administraciones públicas alargar los plazos para pagar a sus proveedores. En otras palabras, ese cajón de sastre donde van a parar todos aquellos pagos no incluidos en los presupuestos y que han maquillado las cuentas de los ayuntamientos durante los años más duros de la crisis económica. Una cuenta que, en el caso de la Diputación Provincial, se encuentra en cero euros, al igual que otras tres administraciones provinciales.
Los pequeños ayuntamientos de Zamora no consiguen quitarse de encima el lastre de la "cuenta 413" y siguen acumulando gastos sin liquidez prevista para su pago. En términos contables, continúan engrosando la lista de "acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto". Un mecanismo legal que se infló tanto durante los peores años de la crisis que obligó al Ejecutivo a poner en marcha el Plan de Pago a Proveedores en el año 2012.
Entre todos los municipios que todavía continúan debiendo dinero a proveedores, el que destaca por encima del resto es el Ayuntamiento de Zamora, que arrancó este año 2017 con 398.000 euros. La cifra, no obstante, contrasta con la registrada al inicio del pasado ejercicio, donde los cajones de la Casa de las Panaderas acumulaban facturas impagadas por importe de 2,6 millones de euros. A la capital le sigue muy de cerca el Ayuntamiento de Toro, que guarda impagos por valor de 342.341 euros. Y en el tercer lugar de este ranking aparece Fuentesaúco, con 75.179 euros pendientes de pago.
En el año 2013, la propia cartera del ministro Cristóbal Montoro impulsó una estrategia de pago a proveedores a través de la cual no se podría dejar impagada una factura más allá del plazo de un mes. Sin embargo, los pequeños ayuntamientos encontraron en la cuenta 413 a su mejor aliado para retrasar pagos no presupuestados en las cuentas anuales de los municipios. Pese a ello, el Gobierno central continúa recordando a las entidades locales su obligación de controlar el desarrollo de la cuenta 413. No en vano, el propio Ministerio de Hacienda la ha llegado a considerar en el pasado como "un problema crónico de las administraciones públicas, y especialmente de las entidades locales, que podría tener una repercusión directa en la estabilidad presupuestaria". El objetivo, toda vez pasados los años más crudos de la crisis económica, es reducir a mínimos la 413 por el bien tanto de las entidades locales como de los propios proveedores.
Los ayuntamientos de la provincia de Zamora, con estas cifras, se aúpan al cuarto puesto del ranking de territorios de Castilla y León más endeudados con los proveedores. No obstante, se encuentran muy lejos de sus tres predecesores. Y es que solo en la provincia de Burgos, sus consistorios acumulan casi 12 millones de euros de facturas guardadas en ese cajón de sastre llamado "cuenta 413". Le sigue de cerca la provincia de León, cuyos municipios comenzaron este curso 2017 debiendo a los acreedores casi seis millones de euros. Y la vecina Salamanca, con casi cuatro millones de euros en facturas, completa la lista de máximos deudores.
Por detrás de Zamora se encuentra la provincia de Palencia, con 1,3 millones de euros por pagar guardados en los cajones. En este caso, la práctica totalidad de lo que se debe corresponde al ayuntamiento de la capital, que acumula 1,2 millones de euros pendientes de pago. A continuación aparece Valladolid, cuyos ayuntamientos aún adeudan 1,1 millones de euros, aunque la Diputación Provincial les gana por goleada por tener que hacer frente a casi tres millones de euros en facturas impagadas. Ávila y Soria, por último, son las dos provincias cuyos municipios guardan menos dinero en la "cuenta 413", a la que todo ayuntamiento debe hacer frente, con cifras por debajo de los 200.000 euros.
En lo referente a las diputaciones provinciales, la institución zamorana dirigida por Mayte Martín Pozo puede presumir de no tener acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto al cierre del pasado curso económico 2016. Un distintivo que comparte con las diputaciones de León, Palencia y Soria. Por el contrario, a los ya citados casi tres millones que adeuda Valladolid, habría que sumar los ,18 millones que aún guarda en los cajones la institución provincial de Ávila.
