El Ayuntamiento de Zamora ha confirmado la paralización, por segunda vez, del proceso de adjudicación del contrato de la ORA. En esta ocasión, ha sido el recurso presentado por una de las empresas licitadoras lo que ha obligado al equipo de Gobierno a dar un frenazo en la firma del documento con Dornier hasta que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) emita una resolución. Desde la Casa de las Panaderas, no obstante, confían en que ese pronunciamiento será favorable, pues no ven indicios de la existencia de ningún valor anormal en la adjudicación. Además, aseguran que el recurso presentado por la UTE Iberpark-Sogesel se hizo fuera de plazo, por lo que no tendría validez legal.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez, ha reaccionado ante el recurso presentado contra el contrato de la ORA, el segundo después del interpuesto por el Partido Popular. "Por el momento se ha paralizado la firma del contrato y, por lo tanto, la puesta en marcha del servicio hasta que el Tarcyl emita una resolución", ha indicado. "La empresa que quedó en segundo lugar en el proceso de licitación está en su derecho de interponer un recurso, pero nuestra opinión es que no existe ninguno de esos valores anormales que esta UTE cree que sí se han dado", ha explicado el concejal encargado de sacar adelante este contrato, anulado por sentencia en 2006 y con problemas desde el año 1999.

La UTE Iberpark-Sogesel interpuso el pasado 12 de julio el citado recurso al considerar que Dornier había realizado una oferta "desproporcionada" y que otra de las empresas licitadoras pudo desvirtuar el proceso al realizar una serie de mejoras técnicas "anormales". El Ayuntamiento de Zamora tuvo dos días para contestar al Tarcyl y así lo hizo, presentando además dos informes para defenderse.

El primero de los informes aportados al tribunal del Consejo Consultivo ha sido firmado por la Secretaría Municipal y en él se dice que en el pliego de condiciones "quedan muy claras las mejoras que se pueden introducir en materia de pantallas y parquímetros", por lo que Fagúndez rechaza que existieran valores anormales. "Además, hemos añadido otro informe jurídico en el que se pone de manifiesto que el recurso fue presentado fuera de plazo, lo que lo invalidaría. El plazo máximo para cualquier alegación era el 7 de julio y este recurso fue registrado el día 12 de julio, cuando ese tiempo ya había expirado", ha añadido el teniente de alcalde.

La decisión ahora corre a cargo del Tarcyl, de cuya celeridad depende la puesta en marcha o no del servicio de la ORA.