El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha presentado una pregunta escrita al Gobierno al respecto de la Disposición Final de la Constitución Española, que dice que la Carta Magna "entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el BOE.

La propia Constitución indica que el texto "se publicará también en las demás lenguas de España".Por ello, Compromís presentó la siguiente pregunta escrita: "¿Se ha publicado la Constitución en todas las lenguas de España? En caso afirmativo, ¿por parte de qué administración y con qué tirada y difusión? En caso negativo, ¿por qué motivo se ha incumplido la C.E?

La respuesta del Gobierno deja claro que únicamente se ha editado además de en castellano, en tres idiomas más "En relación con la pregunta de referencia, cabe señalar que la Constitución Española fue publicada íntegramente en castellano, así como en catalán, gallego, euskera y valenciano, apareciendo en el número 311 del "Boletín Oficial del Estado" de 29 de diciembre de 1978, figurando la versión en cada una de dichas lenguas en un fascículo independiente".

Respecto a la tirada, estuvo cercana a los 60.000 ejemplares. Posteriormente, "las dos reformas de la Constitución Española, llevadas a cabo en 1992 y en 2011, se han publicado también íntegramente en castellano así como en catalán, gallego, euskera y valenciano, atendiendo así a lo dispuesto en sus respectivas Disposiciones Finales".

Mulet ha afirmado que esta respuesta "es una sarta de mentiras para no reconocer que se ha incumplido con estas disposiciones finales". "El Estatuto de autonomía de Catalunya reconoce la cooficialidad del aranés como lengua propia en el Aran, la ley de lenguas de Aragón otorga reconocimiento oficial al aragonés, el Estatuto de Castilla y León reconoce al leonés como patrimonio lingüístico de esta comunidad,... y en ningún momento la CE limita la publicación a las lenguas cooficiales, sino a todas las lenguas españolas".

Para el senador de Compromís "este simple hecho, simbólico, demuestra cómo los respectivos gobiernos centrales han sido insensibles a la pluralidad cultural y lingüística del territorio, y excepto la cuatro lenguas más potentes y reguladas (castellano, eusquera, gallego y valenciano), se ha continuado con el desprecio absoluto al resto de lenguas minoritarias".