El 10 de julio de 1997, hace exactamente veinte años, un concejal de la localidad vizcaína de Ermua regresaba de su trabajo como economista en la vecina Éibar. Tenía 29 años, era hijo de un albañil que se había mudado al País Vasco procedente de Orense y concejal del Partido Popular y contaba ya los días para celebrar su inminente boda. Nunca llegó. Nueve días antes, la Guardia Civil había localizado el zulo en el que el que José Antonio Ortega Lara permaneció 532 días secuestrado. El joven Miguel Ángel Blanco se convirtió entonces en el objeto de la ira y la venganza de ETA por la liberación del funcionario de prisiones burgalés. La banda terrorista activaba una macabra cuenta atrás que acabaría en fatal desenlace: 48 horas para agrupar los 400 presos etarras en el País Vasco o la vida del edil de Ermua.
Cualquiera que hace dos décadas tuviera uso de razón, recordará qué hizo aquellos días, dónde estaba, con quien habló del concejal asesinado por ETA. Zamora fue un espejo, un reflejo idéntico de las muestras de dolor, rabia, impotencia y solidaridad que recorrieron todo el país durante aquellas fatales 48 horas y los días posteriores. Más de 18.000 personas que manifestarían el 14 de julio, un día más tarde de que Miguel Ángel Blanco fuera hallado en la localidad guipuzcoana de Lasarte con dos tiros en la nuca, debatiéndose ya entre la muerte y la muerte.
"ETA secuestra a un concejal del PP vasco y lo asesinará si el Gobierno no cede a su chantaje". Este fue el titular que ilustraba la portada de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA el 11 de julio de 1997, un día después de que la última amenaza de la banda terrorista comenzara a helar la sangre a los españoles. Cientos de españoles habían perdido la vida a manos de los terroristas en las últimas décadas, pero aquel pulso al Estado, a la ciudadanía, aquella amenaza con fecha de caducidad sobrepasaba todos los límites.
En efecto, ETA exigía el reagrupamiento de sus presos en el País Vasco. Una de las claves de la lucha antiterrorista, una de las políticas más eficaces, era precisamente la dispersión de los miembros de la banda. Una "persona normal", un concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua pagaría el precio. Aquel mismo 10 de julio se producía la primera manifestación: un millar de personas, vecinos de Blanco Garrido, salían a la calle para pedir la liberación del joven economista. Sería la primera de muchas concentraciones multitudinarias que no servirían para evitar la tragedia, pero que unieron a un país frente a ETA para acabar derrotando una de las lacras más dolorosas que ha sufrido este país en su etapa democrática.
Al día siguiente, más de 1.200 zamoranos pidieron en la capital acabar con la pesadilla de aquel secuestro, un deseo compartido por los cientos de personas que secundaron las movilizaciones en toda la provincia. No sirvió de nada. A las 16.00 horas del día siguiente, sábado, el plazo expiraba. "Es una tarde muy triste para todos, y no especialmente para el PP. No creo que nuestro dolor sea mayor que el que siente la sociedad española en general". Eran las palabras de Dionisio García Carnero, presidente del PP de Zamora, poco después de conocerse que Miguel Ángel Blanco había sido abandonado, con dos tiros en la cabeza y en muerte cerebral. De madrugada se confirmaba el asesinato del concejal de Ermua.
El lunes, 14 de julio, Zamora fue un reguero de manos blancas pidiendo el cese de la violencia. Más de 18.000 personas se manifestaron en la Plaza Mayor para que "no sigan matando" porque "no hay derecho". Las consignas, los mensajes, la rabia... sentimientos que unieron aún más al pueblo español en contra del terrorismo. Al día siguiente, el obispo de Zamora, Juan María Uriarte, celebró una misa muy simbólica en la iglesia de San Andrés por Miguel Ángel Blanco, las víctimas del terrorismo y el cese de la violencia. "Que la sangre de Miguel Ángel sea semilla de reconciliación", afirmó Uriarte de forma solemne en su homilía.
Todos los zamoranos sabían qué hacían, que sentían... aquellos días de verano de hace dos décadas.
