08 de julio de 2017
08.07.2017
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Los fotovoltaicos denuncian que el Gobierno "expulsa" a los pequeños ahorradores

Las futuras subastas, dicen los productores, favorecen a las grandes empresas contra los ciudadanos - La decisión "ralentiza la entrada del autoconsumo y evita la socialización de la generación de energía"

08.07.2017 | 10:45
Dos ciclistas pasan junto a un parque solar.

El Real Decreto que establece un cupo de 3.000 megavatios de potencia para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en el sistema eléctrico "consolida la estrategia en política energética que aplica el Gobierno del Partido Popular: apartar al ciudadano de la generación de energía y asegurar que un negocio de 59.000 millones de euros anuales sea controlado exclusivamente por un reducido grupo de operadores.

"El Ministerio de Energía entiende que los ciudadanos no deben participar del sector energético, a los que no atribuye capacidades suficientes para gestionar activos de generación", apuntan desde la asociación de productores Anpier, que cuenta con un buen número de los mil pequeños productores de energía solar que hay en la provincia de Zamora.

La nueva subasta de renovables se dirige "a quienes el propio ministro Álvaro Nadal ha considerado, eufemísticamente, "profesionales del sector" en su cuenta de Twitter, en dónde advierte que no es "un producto financiero para pequeños ahorradores"", relata la agrupación de productores. "Los hechos, y ahora las palabras, demuestran que este Gobierno considera que ningún ciudadano debe aspirar a ser "profesional del sector" y ha de limitarse a pagar facturas gravosas y repletas de extrañas cargas en beneficio de los grandes operadores o, en su caso, invertir en acciones de estas empresas operadoras; pero en ningún caso gestionar activos energéticos que, tal y como han demostrado las 62.000 familias fotovoltaicas, podrían hacerlo con absoluta solvencia técnica, a pesar de las innumerables trabas normativas que han de soportar".

Además, "expulsar a las familias productoras, evitar la socialización de la generación de energía y ralentizar la entrada del autoconsumo, son los tres pilares de la integración de las energías renovables en el sistema energético español, todo legalizado a través de una sucesión de Reales Decretos". Ahora, por contra, "el regulador favorece a las empresas que ofertan grandes proyectos eólicos, con el argumento de que es la tecnología que más energía produce por unidad de potencia instalada; aunque no es la que produce los kWh más baratos, que debería haber sido el criterio para la obtención del precio de la energía más ventajoso para el ciudadano; ni la que genera en las horas de mayor demanda, durante el día y no durante la noche; ni la que mayor dispersión territorial permite; ni la que ofrece las mejores posibilidades de socialización".

En cualquier caso, insisten las mismas fuentes, "con el singular diseño de la nuevas subasta, está previsto facilitar toda la potencia de grandes proyectos eólicos dispuestos a entrar al sistema y que hubiera quedado fuera en las dos subastas anteriores, en los que está tecnología copó el 99% de la potencia subastada, y dar cabida a algunos megaproyectos fotovoltaicos. El número de horas asignado a la eólica, se le atribuyen más horas de generación al año, y los porcentajes máximos de descuento, menores para la fotovoltaica, darán este resultado, puesto que a igualdad de precio en la oferta, tendrán prioridad los proyectos grandes sobre los pequeños, con lo que se impide la entrada de proyectos sociales, que suelen estar entre los 2 y 10 MW".

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca lamenta que se esté haciendo una "política energética mezquina, porque en países punteros, como Alemania, que se acaban de subastar 807 MW y han salido 70 parques fotovoltaicos, con una potencia media de 11 MW por parque, sí se está animando a los ciudadanos a que participen como generadores, por motivos evidentes".

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