La denominada "enfermera de la demanda", con la que el Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) se ha propuesto traspasar competencias clínicas al personal de enfermería en la atención de supuestas patologías leves, se ha encontrado con la frontal oposición del sindicato médico CESM, que ha advertido de su "disposición a exigir, si llega el caso, responsabilidades penales por suponer un caso claro de intrusismo profesional, al invadir competencias que la ley reserva en exclusiva a los médicos".
El modelo cuestionado por los facultativos ya funciona, o se está implantando, en 15 centros de salud de Castilla y León -entre ellos el Santa Elena, en la capital zamorana-, y es fruto del acuerdo alcanzado hace ahora algo más de tres años entre la Consejería de Sanidad, el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería y el sindicato Satse. "Un acuerdo que ya fue rechazado por el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León y que no es fruto del consenso profesional", apuntan las mismas fuentes.
El secretario general de CESM en Castilla y León, el médico zamorano Tomás Toranzo, apunta que "las competencias de médicos y enfermería están delimitadas en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), que es de alcance nacional y determina que las atribuciones clínicas y asistenciales de los médicos no son delegables". Además, subraya que si los facultativos quieren hacer valer esto "no es por corporativismo profesional, sino porque la legislación y el sentido común indica que es la mejor forma de garantizar la calidad y seguridad de la atención que reciben los pacientes cuando acuden a los centros de salud".
El sindicato arremete contra los principales argumentos que esgrime al respecto el Sacyl. Le parece insostenible, por ejemplo, que se hable de patologías "leves", ya que "el carácter de éstas es fruto de un diagnóstico que sólo puede hacer el médico. Una cosa es trabajar en equipo y otra delegar competencias profesionales que son exclusivas del médico", afirman.
Por otra parte, CESM considera "falaz que diga que lo mismo ya se está haciendo en otras comunidades autónomas, puesto que lo que carece de justificación no la adquiere por mucho que otros incidan el mismo error, y también considera inverosímil que se pretenda revestirlo como un avance en la organización de la asistencia. Es un contrasentido que hace unos años se exigiese la especialización en Medicina Familiar y Comunitaria para poder ejercer en Atención Primaria y ahora parte de esas competencias se quieran trasladar a enfermería, competencias que no puede ejercer en el sistema público un licenciado en medicina".
En realidad, apunta Tomás Toranzo, "el auténtico objetivo es abaratar la asistencia a costa de la calidad". "El verdadero avance sería destinar más presupuesto a paliar las deficiencias en la plantilla de especialistas que existen en Atención Primaria", concluye.
