La inestabilidad política motivada por la falta de Gobierno en España y las disputas entre el Ministerio de Fomento y las empresas adjudicatarias a cuenta de los modificados en las obras del AVE, factor este último que afectó a algunos de los tramos en construcción en Zamora, se apuntan como dos de los argumentos que pueden explicar el hecho de que el departamento que dirige Íñigo de la Serna haya ejecutado sólo tres de cada diez euros presupuestados para la ejecución de la alta velocidad en Castilla y León. Y esta falta de inversión ha tenido su repercusión directa en Zamora, por ejemplo el retraso de las obras del AVE entre la capital y Pedralba de la Pradería que deberían haber estado acabadas a finales de 2016 y su puesta en servicio se ha demorado hasta finales de 2018.

Son datos que se desprenden de la liquidación de la ejecución presupuestaria del pasado año, elaborados por la Intervención General del Estado y facilitados por la agencia Ical

Cierto es que Castilla y León, con 235 millones, acaparó el mayor volumen inversor, por delante de Galicia (230,3 millones) y Comunidad Valenciana (153 millones), de esta empresa pública que se encarga de las actuaciones del AVE, pese a guardarse en sus arcas 575 millones previstos en la Comunidad.

El gestor de infraestructuras ferroviarias cumplió su presupuesto de forma similar al resto de empresas públicas y fundaciones del Estado, que de media también ejecutaron un 32,2% en la Comunidad. No obstante, ADIF, la otra sociedad "gemela", que se encarga de las vías convencionales, sacó adelante proyectos por importe de 39,87 millones, lo que supuso el 87,5% de lo previsto. En el lado opuesto, la operadora Renfe ejecutó un 2,4%, con 621.210 euros, frente a los 25,58 millones presupuestados.

Igualmente, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), dependiente del Grupo Fomento y que en Castilla y León también lleva a cabo obra ferroviaria y viaria, gastó solo 32 millones, un 28,8% de los 111 millones con que se dotó su presupuesto. Sin embargo, las obligaciones reconocidas en su conjunto por el Ministerio de Fomento superaron las previsiones, con 271 millones, frente a los 246 estimados inicialmente.

De esta forma, a la inversión real que llegó a Castilla y León le pasó factura el año de inestabilidad política, puesto que solo se ejecutó un 29%, frente al 56,03% de 2015.

Ahora, el Ministerio de Hacienda y Función Pública confirma que las obligaciones de pago reconocidas, es decir, la inversión real en materia de alta velocidad fue del 30%, respecto a las cantidades consignadas en los presupuestos, con más de 1.106 millones, frente a los 3.686 millones. Todo ello complicó los avances del AVE en varias comunidades, como en Castilla y León, donde no se finalizaron los trabajos del tramo Venta de Baños-Burgos, la Variante de Pajares o la línea de Zamora a Sanabria.

Sin embargo, ADIF Alta Velocidad cumplió sus previsiones inversoras e incluso las superó en la Comunidad de Madrid, con un desembolso de 44,12 millones, frente a los 35,16 millones que había reservado en las cuentas. Le siguió Castilla-La Mancha, con un 61,8%; Cataluña, con un 40,4% y la Comunidad Valenciana, con un 34,1%. La ejecución del 29% de Castilla y León fue la quinta más elevada.