La reunión mantenida ayer por los representantes de Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) y la PAH con los responsables de la Agencia Tributaria sobre el caso del agricultor toresano Ramón Álvarez acabó sin que se llegara a ningún tipo de acuerdo entre las partes. Así las cosas, y salvo que esta noche haya habido un drástico cambio de planes, Ramón Álvarez -de 60 años- encara hoy su octavo día en huelga de hambre frente a las oficinas de la Agencia Tributaria en Zamora.

"Nos han transmitido lo que les han dicho en Valladolid. Exactamente lo mismo que se nos ha dicho en los últimos días. Que atendiendo a su normativa, las peticiones que hemos hecho no pueden ser tomadas en cuenta y que no pueden hacer nada para parar la subasta. En el momento en que el importe supera los 30.000 euros, insisten, no cabe opción de fraccionar el pago".

El afectado, UCCL y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca llevaron a cabo a última hora de la tarde de ayer una asamblea para valorar las distintas -pocas- opciones que ahora se abren. "Él no se plantea dejar ahora la huelga de hambre", insiste Enrique Cortés, representante de UCCL, "pero tenemos que valorar todo. De momento sigue, de forma indefinida. Esta noticia", la que dieron ayer los representantes de la Agencia Tributaria, "no es buena, pero intentamos estar tranquilos y esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos". Se valoran distintas opciones, incluso iniciar a través de Internet una campaña de captación de fondos para que los ciudadanos puedan aportar pequeñas cantidades de dinero que permitan a Álvarez pagar la deuda con Hacienda. Esta idea, que suena con fuerza, tendrá que ser en cualquier caso aprobada por el propio afectado.

Hoy, por otro lado, se seguirán escenificando los apoyos políticos a la "lucha" que el agricultor toresano mantiene con la Agencia Tributaria. Si hace dos días fue José Sarrión, procurador y coordinador regional de Izquierda Unida, el que se personó en la plaza de Castilla y León, hoy hará lo propio Pablo Fernández, también procurador en las Cortes de Castilla y León y secretario regional de Podemos.

La última "oferta" hecha por Hacienda a la familia era que abonara al contado 90.000 euros para poder fraccionar el pago del resto, que serían otros 30.000 según los cálculos que hacen los afectados. La deuda se deriva de cuando Álvarez tenía, junto con dos hermanos, un taller dedicado a la compraventa de vehículos en Toro. En las operaciones realizadas en el negocio, "por desconocimiento y mal hacer de la gestoría", no se pagó el IVA, indican las mismas fuentes.