Hasta una veintena de pueblos puede recorrer cada cartero en el medio rural de la provincia a cambio de un sueldo de unos mil euros al mes. La pérdida de quince trabajadores que temen los sindicatos en la plantilla de 184 efectivos a consecuencia de los recortes de la financiación pública "provocará un daño enorme en el servicio, sobre todo, en el medio rural, ya que ¿cómo cubrir 520 núcleos de población", se preguntan de forma retórica.

Ante esta situación, los trabajadores de Correos abren la puerta a una huelga general si el Gobierno mantiene el recorte de un tercio de su financiación pública en la Ley de Presupuestos y que se podría traducir en el caso de la provincia de Zamora en la erradicación de quince puestos de trabajo. Así lo explican los representantes sindicales de Correos en la provincia, UGT, CCOO, CSI-F y Sindicato Libre con Rodrigo García, Mari Ángeles Vázquez, Bienvenido Prieto y Pedro Domínguez a la cabeza, respectivamente.

El tijeretazo lastrará "no solo la cuenta de resultados de Correos sino que va a precarizar el empleo, recortar la plantilla y minar sus derechos, sobre todo, en una provincia donde se podría producir el cierre de oficinas o la reducción de horarios de atención al público, como ha sucedido en Villalpando, Mombuey o Santibáñez de Vidriales". Además de "empeorar el servicio público, también irá a peor la frecuencia del servicio que ya de por sí no se hace cinco días a la semana pese a que es obligatorio y será el propio ciudadano el que tenga que desplazarse para ir a recoger su correspondencia porque el cartero ya no llegará a su buzón".

A mayores, los sindicatos ponen el acento en que este recorte "estrecha los márgenes para alcanzar un acuerdo en el convenio colectivo", bloqueado desde hace tres años y medio, así como el pacto salarial que exigen "tras más de seis años de congelación y recorte".

Los sindicatos recuerdan "la obligación legal del Estado" de financiar a través de los Presupuestos Generales del Estado un servicio público que "de otra forma se vería abocado a la desaparición con un evidente y grave perjuicio para los ciudadanos". Los cuatro sindicatos cuentan con el 85% de la representación sindical en Correos y han trasladado a los grupos políticos las iniciativas para rescatar la financiación recortada y aprobar un plan de prestación del servicio postal universal con el fin de que el correo "siga llegando a todos los núcleos de población de los 8.000 municipios del país".