"Se ha montado una trama, pero en contra de mí durante nueve años", ha declarado José Bahamonde, el exjefe de industria acusado de delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios, el caso de la trama solar, por valerse de su cargo para beneficiarse y favorecer a familiares y amigos con autorizaciones de huertos solares, por lo que la Fiscalía le exige multa de 18.000 euros, el pago del triple de lo obtenido con la venta de acciones de la empresa Sol Sayago, miles de euros, según la acusación pública.
Bahanonde, que efectuó estas manifestaciones antes de comenzar el juicio con jurado en la Audiencia Provincial, se muestra convencido de que el ambiente generalizado de crispación por los casos de corrupción "perjudica porque la gente mete a todos en el mismo saco".
El procesado niega haber obtenido ni un solo euro, puesto que "es falso y está acreditado" que comprara acciones de esa sociedad, un contrato que nunca fue válido, sostiene.
El expresidente de Pevafersa, Vicente Fernández Manso, niega igualmente haber conseguido pingües beneficios con el trato de favor otorgado por Bahamonde, visiblemente indignado porque "se ha manchado nuestro nombre durante nueve años, con consecuencias como la pérdida de 4.000 puestos de trabajo" con el cierre del grupo que dirigió y al que pertenecía Sol Sayago, de lo que responsabiliza a los medios de comunicación por el seguimiento del procedimiento judicial.
Fernández Manso se enfrenta a año y medio de cárcel y pago del doble de los ingresos obtenidos con la venta de acciones de Sol Sayago a Bahamonde y a Agustín de la Fuente, jefe de Iberdrola para la zona de Zamora, ambos acusados de delitos de tráfico de influencias por prevalerse de la amistad del exjefe de industria para conseguir autorizaciones para la instalación de huertos solares, según la Fiscalía.
Los otros dos acusados son el hijo de Bahamonde, Javier Bahamonde González, asesor jurídico de Pevafersa cuando ocurrieron los hechos, y su socia en alguna empresa fotovoltaica y compañera sentimental del exjefe de industria, a los que el fiscal solicita año y medio de prisión y el pago del doble de los beneficios obtenidos con sus negocios.
