La trama solar fue perfectamente urdida para beneficiar con millones de euros al más alto cargo de Industria de la Junta de Castilla y León en Zamora, José Bahamonde Salazar, con la función de autorizar huertos solares; al jefe de Distribución de Iberdrola en la provincia, Agustín de la Fuente, que tramitaba los expedientes de los puntos de conexión a la red de esas instalaciones fotovoltaicas; y a familiares y amigos de ambos que constituían empresas, según el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial. O compraban acciones de otras ya en marcha, como ocurrió con Sol Sayago, firma de la que ambos adquirieron acciones por un euro cada una que vendieron con posterioridad por más de mil, según el fiscal jefe de la Audiencia Provincial Rafael de Vega Irañeta, que ha investigado el caso desde agosto de 2008.
Los otros nombres de la supuesta confabulación son el empresario toresano Vicente Fernández Manso, dueño de Pevafersa, grupo al que pertenecía Sol Sayago, ubicada en Bermillo de Sayago; el abogado Javier Bahamonde González, hijo del exjefe de Industria, asesor jurídico de Pevafersa y propietario de otras empresas con su socia y la compañera sentimental de su padre, Blanca Blanco Blanco, igualmente acusada. Estos dos últimos imputados eran socios en las empresas Iniciativas Renovables, autorizada por Bahamonde Salazar.
Todos ellos se sientan a partir de mañana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial para que los nueve ciudadanos integrantes del jurado popular decidan, a lo largo de la semana, si el exjefe de Industria y excargo público del PP, José Bahamonde, cometió los delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios, al valerse de su puesto, por los que el fiscal jefe le exige el triplo de los beneficios obtenidos, que podría suponer el desembolso de 2.406.000 euros por la venta de las 802 acciones de Sol Sayago, una multa de 18.000 euros y tres años de inhabilitación para empleo o cargo público, que ya no le afectan al haberse jubilado antes de concluir la instrucción. En el escrito de acusación, el fiscal se cree probado que Bahamonde Salazar se vio favorecido por el dueño de Pevafersa, Fernández Manso, con la venta de las acciones para que "informara favorablemente en las concesiones fotovoltaicas de la citada sociedad y demás empresas del grupo" del empresario toresano. El fiscal subraya que Bahamonde "debió abstenerse, no pudiendo aceptar la oferta que se le estaba haciendo por dicha entidad para el desarrollo de su actividad en el sector privado, dada la incompatibilidad expresa para dicho tipo de negocios que tenía por su cargo".
Cárcel para cuatro
Para el resto de procesados, la Fiscalía exige un año y medio de prisión para cada uno por delitos de tráfico de influencias al verse beneficiados por la autorización de huertos solares y, en el caso de Javier Bahamonde, por los ingresos como director y asesor jurídico de la empresa Pevafersa y el resto de las que pertenecían al grupo, que llegó a estar formada por medio centenar de firmas. Para ellos se solicita el doble del valor de los ingresos conseguidos con esa actividad relacionada con la trama solar.
El abogado de la defensa, Javier Gómez de Liaño, exige la absolución por considerar que no existió ninguna maniobra para hacer negocio prevaliéndose de sus posiciones privilegiadas y sus relaciones personales y porque insiste en que el contrato de compraventa de 892 acciones de Sol Sayago nunca llegó a materializarse, a pesar de que el cargo de Unión Fenosa en Zamora, Leandro Villasante, presente en la reunión en la que él mismo, Bahamonde Salazar y De la Fuente firmaron un contrato, con duración de un año, con Fernández Manso y Juliana Fernández Manso (fallecida en agosto de 2008) para hacerse el 10 de octubre de 2006 con participaciones de la sociedad fotovoltaica. El administrador era el entonces presidente de Pevafersa, mientras que su hermana tenía parte de acciones a través de la firma Sicored, también del grupo de Pevafersa. Bahamonde autorizó la actividad de todas ellas, según el fiscal jefe.
De Vega Irañeta subraya que el exjefe de Industria compró acciones "no habiendo pedido en ningún momento la excedencia de su cargo a la Administración para dicha actividad empresarial".
