Las obras de construcción de edificio Mercantil estaban paralizadas desde 2005, cuando la promotora Promer comienza a tener problemas con el Ayuntamiento de Benavente por las infracciones del Plan de Urbanismo y la construcción de más alturas de las permitidas, aseguraron sus propietarios y responsables de algunas inmobiliarias, que especificaron que fue preciso rebajar los precios hasta en 1.000 euros el metro cuadrado y aún así no había compradores. La situación se contagió a los propietarios anteriores a esa fecha, que comenzaron a rescindir contratos. "Los socios llegaron a pagar más 1.300.000 euros" entre aportaciones y adquisición de pisos y garajes, aclaró la defensa, que pidió la absolución. Y, si la magistrada del Juzgado de lo Social estima que existe delito, que se les aplique la atenuante de dilaciones indebidas porque las diligencias estuvieron 5 meses paralizadas y se tardó veinte meses en notificar disposiciones judiciales al hijo del arquitecto Román Ávila.
El letrado agregó que "no hay venta vil", sino a precio de mercado, que no existe "ni ánimo de defraudar, ni de ocultar" bienes. Puso como ejemplo que sus clientes "no tuvieron prisa por escriturar" y que "cambian inmuebles por dinero", se libera de cargas a la sociedad Promer, "distinto sería si la venta fuera ficticia", pero el dinero se ingresa en la empresa, según anotaciones contables, dijo. Subrayó que el Ayuntamiento pudo embargar, tuvo 44 meses" para hacerlo y, sin embargo, no lo hizo y tampoco se interpuso una querella.
