A punto de cumplirse un año desde que la plantilla de General de Cuadros Eléctricos (GCE) protagonizara la huelga más larga convocada en la provincia, cinco meses, el empresario continúa sin pagar a los trabajadores unos 600.000 euros de los salarios y liquidaciones, más los intereses, adeudadas a 25 trabajadores, de los que solo la mitad han visto pequeñas cantidades "irrisorias" que suman 18.000 euros en total. De poco están sirviendo las sentencias firmes de los dos juzgados de lo Social de la provincia que obligan a José Fernández Alonso, propietario de GCE, a saldar esa deuda que supone impagos a sus exempleados, cuantías que oscilan individualmente entre 45.000 y unos 6.000 euros, afirman fuentes próximas a los afectados.

La situación no es mejor para los exempleados que llegaron a un acuerdo con el industrial para evitar la ejecución de las sentencias, con los que se comprometió a pagar cantidades mensuales, "tampoco ha cumplido". Mientras, "él sigue haciendo su vida y contratando gente, del orden de una decena", en la otra empresa de su propiedad, Microplus World Corporation, que los jueces admiten como una firma más del grupo con sede en Villaralbo, constituido también por GCE y Material Eléctrico Chint. En sus sentencias estiman probado que Microplus continúa funcionando y se creó para "posibilitar que GCE eluda responsabilidades", tales como el pago de deudas tanto a la Agencia Tributaria como a la Seguridad Social, casi 6 millones de euros, y a los propios trabajadores (227.388 euros hasta mayor de 2016).

Esa fue la conclusión de la Inspección de Trabajo, que inscribía a la firma Microplus en "la creación de sociedades que puede tener como objetivo" sortear las responsabilidades con sus acreedores, "mediante la formalización de una empresa aparente". A esa sociedad se acabaría derivando la actividad de GCE para producir y vender sin que se puedan ejecutar las órdenes de embargo dadas por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, según Trabajo, tal y como relataron los trabajadores en cada uno de los juicios individuales.

"Los juzgados han conseguido embargarle solo algunos vehículos porque no tiene nada a su nombre", por lo que los trabajadores "se sienten totalmente desamparados", máxime cuando la sociedad sigue funcionando y facturando, y dada la tardanza en ejecutar las sentencias, mientras la plantilla en su mayoría está en el paro, sin poder disponer del dinero de sus salarios.