Los pequeños productores fotovoltaicopequeños productores fotovoltaicos piden a los tribunales españoles "la misma justicia" que la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial, Ciadi, que da la razón a inversores internacionales por los recortes aplicados desde 2010 a las ayudas a energías renovables. Lo que los árbitros han dictaminado es que la transformación del marco regulatorio con efectos retroactivos es "ilegal" y obliga a España a desembolsar 128 millones de euros.

Son cifras "mareantes" para los pequeños inversores agrupados dentro de la asociación Anpier. Rafael Barrera, director del colectivo, explica en declaraciones a este diario que "siempre hemos pensado que la situación actual podría suceder" en referencia al hecho de que "instancias internacionales den la razón a los inversores europeos mientras que los tribunales españoles nos la quintan a los productores nacionales". Para Anpier el laudo arbitral conocido a finales de la semana pasada "es un espaldarazo moral" contra el "atropello" al que "nos somete el Gobierno".

En Zamora, explican las mismas fuentes, hay alrededor de mil pequeñas instalaciones que, en total, producen 77 megavatios de energía de los 500 que ven la luz en toda la comunidad. Las estimaciones más bajas indican que habría afectadas por los recortes a las renovables un millar de familias, pero la realidad es que dentro de cada instalación hay varias familias o pequeñas cooperativas de socios, lo que elevaría el total de afectados. "Nuestras estimaciones son muy bajas, pero seguro que hay más personas", apuntan desde Anpier. "Lo que es cierto", continúan las mismas fuentes, "es que la inversión en renovables vivió unos años buenos pero ahora, fruto de los cambios normativos, nadie se atreve".

Los productores, asume Barrera, son conscientes de que el laudo arbitral que se conoció a finales de la semana pasada "no sienta jurisprudencia" pero "debería hacer ver a determinadas personas que hay muchas cosas que se han hecho mal" y que "han dejado atrapadas a decenas de miles de familias, que se han jugado sus ahorros y, en ocasiones, incluso sus viviendas", razón por la que "exigimos la misma justicia" para que no exista "discriminación" en este sentido. "Es inadmisible que, por una misma situación, el Estado pague a los inversores extranjeros y condene a la ruina a los nacionales".

Los pequeños inversores se agarran a que las leyes publicadas en el Boletín Oficial del Estado "no deben cambiarse a posteriori", algo que "ha hecho el Gobierno con el consentimiento de los grandes tribunales españoles". Al contrario "que en otros fraudes, como los bancarios", explica Rafael Barrera, "en nuestro caso ni siquiera había letra pequeña. Estamos hablando del BOE y todo estaba claro. Había una tarifa regulada y unas rentabilidades. Ahora muchos tienen que refinanciar sus instalaciones porque no son rentables, pero no nos damos por vencidos".