La Diputación concede a la administrativa del grupo socialista en la institución provincial, la también alcaldesa de San Miguel de la Ribera, Raquel Pascual, la compatibilidad para el ejercicio como "administradora y asesora jurídica" de una empresa de la capital, tal y como consta en el propio orden del día del pleno celebrado ayer. La autorización, una de tantas, no tendría mayor relevancia si no hubiera estado precedida por una apertura de expediente disciplinario por parte de la Diputación por el que se investiga, a raíz de una denuncia de un concejal de Mahíde, si existe algún tipo de irregularidad. El diputado de Recursos Humanos, Aurelio Tomás, aludió a que la propia afectada "reconoció en su toma de posesión del cargo a través de su declaración que no tenía ningún otro trabajo incompatible y eso era falso, ya que está colegiada como abogada y tiene una sociedad donde ejerce funciones de asesoramiento a ayuntamientos". En la misma línea, Tomás lanzó al portavoz del grupo socialista, Antonio Plaza -quien la designó como cargo de confianza- una batería de preguntas muy directas: "¿Sería usted capaz de confirmar que durante la jornada laboral en la Diputación ella no asesora a ayuntamientos?", "¿No ve falta de ética y estética esta doble función dado el acceso a la información que tiene? o "¿Sabe a cuántos ayuntamientos asesora, porque éste no es un caso puntual?". Sobre este último punto, intervino la propia Laura Rivera que, aunque se abstuvo -tal y como hace en todas las compatibilidades- precisó que "no veo nada malo en que el personal de confianza asesore a su gente". A lo que Tomás apostilló: "Claro que no, pero ella está cobrando".

Plaza se vio obligado a intervenir para reprochar al popular que "está prejuzgando y contaminando un expediente personalísimo con una voluntad perversa para influir en la resolución", sin pasar por alto que "están acostumbrados a interpretar la ley como les da la gana". Plaza reprobó a Tomás su alusión a "un expediente que está aún en recorrido y lo airea públicamente", sin obviar que "nosotros nunca hemos hecho guiones de teatro para maltratar a un alcalde".

"El compromiso sigue en pie". Con estas palabras, la presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, reaviva su mano tendida al proyecto de construcción del Museo de la Memoria de Ribadelago, aparcado desde hace siete años. La propia presidenta explicó ayer, a consecuencia de una pregunta de Laura Rivera, que "yo misma he visitado el edificio, que me parece correcto", pero "estamos a la espera de que el Ayuntamiento de Galende nos remita una memoria valorada para saber a cuánto puede ascender el compromiso". En este sentido, "no está en el olvido, pero no podemos hacer más que esperar". Casi un año antes, en julio de 2016, la misma corporación provincial apostó por el desbloqueo del museo a través de una moción de IU para "apoyar el proyecto en la medida de las posibilidades de la Diputación y en colaboración con otras administraciones".

La sesión plenaria celebrada ayer sirvió también para mostrar el compromiso de la Diputación en contra del acoso escolar y ciberbullying a través de una moción de Ciudadanos encaminada a dar mayor difusión al teléfono contra el acoso escolar (900 018 018). No obstante, el diputado popular José Luis Prieto Calderón matizó que "desde la Diputación ya nos estamos moviendo", en alusión a las jornadas de uso responsable de Nuevas Tecnologías para padres e hijos a través de charlas en Fresno y otras programadas en Muga o Monfarracinos.