La imputada simulaba facturar los artículos que dispensaba al cliente en un supermercado de Morales del Vino, pero en realidad la caja registradora en la que trabajaba no dejaba huella del paso de los productos por el escáner que reconoce el código de barras, solo reflejaba el percio en el visor, sin contabilizarlo.

El establecimiento pudo constatar el comportamiento de la empleada gracias a las medidas de seguridad de que disponía, entre ellas las cámaras de vídeo que captaban todos los movimientos de las cajeras y de los propios clientes. El propietario del establecimiento disponía de imágenes que le ayudaron a explicar el comportamiento delictivo de su empleada.

Cuando comenzó a percatarse de que había un desfase entre lo que facturaban y los productos que ofrecía, con el cotejo de los tickets de la caja registradora, el titular del negocio intensificó el control y terminó por descubrir a la trabajadora. El desfase llegó a los 100.000 euros, de los que la cajera devolvió a la empresa titular del supermercado 5.000, por lo que a día de hoy continúa debiendo la mayor parte de la deuda acumulada durante los cuatro años en los que se apoderó de dinero.