La Junta, CC OO, UGT y patronal negocian con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social la autorización para la cesión de patrimonio sindical-histórico acumulado sin uso para albergar las futuras sedes del Serla, tras la puesta en marcha en noviembre en Valladolid de la mediación en conflictos individuales, que se extenderá en el tramo final del ejercicio al resto de la autonomía para arrancar plenamente en todo el territorio en 2018. La negociación, que se está llevando a cabo a nivel regional, afecta directamente a las instalaciones que comparten patronal y sindicatos en la plaza de Alemania de la capital zamorana.

Una delegación de representantes del Diálogo Social de Castilla y León, encabezada por el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, viajó a Madrid la semana pasada para reunirse con el subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, y abordar este asunto. Encuentro del que salieron "satisfechos" ante la "buena predisposición" del responsable ministerial a sus pretensiones, según indican fuentes presentes en la negociación a la agencia Ical.

El objetivo de esta primera reunión en la capital de España, que se celebró el martes pasado, fue iniciar el procedimiento para que la Administración General del Estado facilite ese uso para un patrimonio del que es propietaria, pero que gestionan en cesión sindicatos y patronal, explicaron algunos de los participantes de CC OO y UGT. Y es que el departamento que dirige Fátima Báñez debe autorizar su uso, lo que permitiría "ajustar el coste" de las sedes, porque no tendrían que acudir al alquiler de locales.

En este sentido, las mismas fuentes aclararon que el Serla es producto de un convenio colectivo (Acuerdo interprofesional sobre procedimientos de solución autónoma de conflictos) y quieren que sus sedes estén "en los edificios del patrimonio sindical acumulado". Asimismo, consideran "esencial" que la apertura de nuevas sedes "no tenga repercusión" económica, para derivar todos los fondos a la "mejor prestación" del servicio.

El encuentro inicial sirvió para pactar la constitución de un grupo de trabajo, que se reunirá en el plazo de un mes para definir la figura jurídica que se empleará la autorizar el uso de estos espacios por el Serla. Las fuentes consultadas por Ical indicaron que estos espacios propuestos requerirán de algunas actuaciones para poder utilizarlos como sedes del Serla y reclamaron al ministerio que se encargue de las inversiones, un extremo que descartó el subsecretario, al asegurar que sus cuentas estaban cerradas para el ejercicio y acometer estas obras iría en detrimento de otras actuaciones ya programadas.