La plantilla de la Administración General del Estado en Zamora se ha reducido prácticamente un 20% desde el año 2010, según los cálculos que maneja el sindicado CSIF. Las cifras proporcionadas por el sindicato indican que 544 empleados públicos de la provincia dependen del Estado, la mayoría de ellos -457- son funcionarios. Desde 2010, cuando había 651 trabajadores, la plantilla ha mermado en 107 personas, una caída del 19,67%.

Además, indica el sindicato de funcionarios, "el 60% de los empleados públicos de la Administración General del Estado en la comunidad tiene más de 50 años; y la incorporación de jóvenes se ha reducido drásticamente en un 80% por la paralización de las contrataciones. Las plantillas sufren una merma muy significativa en este sector, que en Castilla y León se concreta en una pérdida de 1.730 empleados, el 14,6%, entre julio de 2010 y noviembre de 2016. La provincia que más ha perdido porcentualmente ha sido Burgos (un 22,2%, con una supresión de 340 trabajadores), y la que menos Salamanca (un 7%, 116 empleados)".

Esta situación ha llevado, indica CSIF, "a que las bajas no cubiertas y la escasa, o casi nula, convocatoria de Oferta de Empleo Público, sobrecarguen de trabajo a los empleados públicos, y los usuarios de los distintos servicios vean como se incrementa el periodo de espera para ser atendidos".

Hay determinados organismos, "como subdelegaciones, que se encuentran prácticamente al 50% del personal. Si a esto se suma la posibilidad de futuras jubilaciones anticipadas a los 63 años, nos encontraremos ante una situación caótica para la administración del Estado", zanja el sindicato.

Si a estos datos "clarificadores" se añade el "alarmante" envejecimiento de los trabajadores, "puede verse con claridad que desde CSIF pidamos que se elimine de una vez por todas la tasa de reposición, y se lleve a cabo un plan de recursos humanos en la administración central, para afrontar esta situación de emergencia", afirma Juan Carlos González, de CSIF.

Para el responsable del sector estatal de CSIF Castilla y León "merece una mención especial la situación en Instituciones Penitenciarias, por el incremento de agresiones a los funcionarios de prisiones. La falta de efectivos en las prisiones, el envejecimiento de las plantillas, la elevada incidencia de los problemas de salud mental entre los internos de las cárceles, o el hacinamiento de los presos, son factores con conforman una combinación explosiva, que está provocando un aumento intolerable del número de agresiones a los trabajadores", afirma.