La Audiencia Provincial de Zamora trata de localizar a los 36 ciudadanos de entre los que se elegirán a 9 jurados titulares y dos suplentes para que intervengan en el juicio que del caso de la "trama solar" que se celebrará el 22 de mayo. El Tribunal ha empezado a notificar a los zamoranos que potencialmente pueden ejercer ese derecho -elegidos mediante un sorteo aleatorio del propio censo que se efectúa periódicamente- para que acudan a la vista oral, minutos antes de cuyo comienzo la Fiscalía Provincial y el resto de las partes designarán a los titulares el jurado popular.

Quienes reciban esta comunicación podrán realizar alegaciones para eludir la responsabilidad si tienen un causa justificada que les impida actuar como jurado, si bien resulta muy difícil que la Audiencia tome la decisión de aceptar las peticiones.

La causa de la trama solar ha supuesto la imputación del exjefe de Industria de la Junta de Castilla y León, José Bahamonde Salazar, por los delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios por adquirir acciones de la empresa Sol Sayago, del grupo de Pevafersa, firmas autorizadas por él mismo, y obtener beneficios con su posterior venta, según la acusación de la Fiscalía, que le acusa de valerse de su cargo para beneficiarse a sí mismo con esa operación, lo que le lleva a solicitar el pago del doble de esas ganancias y tres años de inhabilitación para empleo o cargo público.

El jurado tendrá que decidir si el excargo de la Junta favoreció a su hijo, Javier Bahamonde González; a la socia de este y amiga, Blanca Blanco; al que era jefe de Distribución de Iberdrola, Agustín de la Fuente; y al expresidente de Pevafersa Vicente Fernández Manso, al autorizar empresas de las que eran dueños o de las que participaban. Con todos ellos tenía relación directa como familiares o amigos, por lo que deben responder del delito de tráfico de influencias. Se enfrentan a un año y medio de cárcel y el pago de multa, donde residen las mayores penas estipuladas por obtener ingresos con tales actividades ilícitas. Los peritos judiciales valoran los beneficios logrados por los cinco imputados en 1.069.651 euros. La multa que solicita la Fiscalía asciende al doble de esa cantidad global.