La estadística de los efectos de la crisis en los órganos judiciales elaborada por el CGPJ cuenta además con varios datos relativos al panorama laboral derivado de los cambios legislativos y económicos de los últimos años. Uno de los más relevantes es el apartado de "despidos presentados por provincia", que viene a reflejar el número de zamoranos que acudieron a los juzgados al considerar que sobre ellos se había aplicado un despido procedente cuando en realidad debería ser improcedente.
Durante el año pasado fueron 265 los trabajadores que acudieron a los tribunales para exigir unas condiciones de despido que consideraban justas y que la empresa, a su juicio, no había cumplido.
La presentación de demandas por despido improcedente en los juzgados de la capital ha sido una consecuencia inevitable de la pérdida de puestos de trabajo que ha traído aparejada la crisis económica. La cifra más alta de la actual serie histórica se alcanzó en el año 2011, con 543 casos. Paradójicamente, y contra lo que se pudiera llegar a pensar, el pico se registró un año antes de la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. En 2012, ya con la reforma laboral aprobada, fueron 410 las personas que acudieron a los tribunales a exigir a sus empresas mayores compensaciones económicas por haber prescindido de sus servicios.
