La Diputación de Zamora abre expediente a la administrativa del grupo socialista en la institución provincial, la también alcaldesa de San Miguel de la Ribera, Raquel Pascual, por presunta incompatibilidad entre su cargo como personal eventual de la institución y los trabajos que realiza para al menos un ayuntamiento de la provincia desde una gestoría de la capital. Un instructor de la Diputación investiga desde hace varios días el caso para esclarecer si se produce una posible situación de incompatibilidad en los cargos por parte de la administrativa del grupo socialista.
La investigación surge después de que el grupo popular del Ayuntamiento de Mahíde detectara que la gestoría relacionada con Raquel Pascual había realizado trabajos para el Ayuntamiento del municipio, regido por el PSOE, con al menos una factura por valor 1.107 euros a cargo de la asesoría en cuestión.
El "quid" del caso está en que la administrativa tiene la categoría de personal eventual de la Diputación Provincial tras asumir la plaza adscrita al grupo socialista, a iniciativa del propio portavoz del grupo, Antonio Plaza. Esta condición laboral obliga a no desempeñar ninguna actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de incompatibilidad. Precisamente éste es el aspecto -el de la incompatibilidad- que investiga el instructor del caso, un técnico de la Diputación que reúne pruebas, datos e informes antes de deliberar y tomar una decisión definitiva.
A la agrupación del Partido Socialista le corresponde por su número de diputados una auxiliar de grupo que ejerce como coordinadora y una administrativa que desempeña la labor de asesora jurídica por su condición de abogada. Este último puesto es el cargo concreto que asume desde julio de 2015 la también regidora socialista en el municipio zamorano de San Miguel de la Ribera. Por su parte, el Partido Popular tiene derecho a otros dos administrativos de grupo en la Diputación, mientras que Izquierda Unida y Ciudadanos cuentan, respectivamente, con uno cada uno.
La realización de trabajos profesionales para varias administraciones públicas y cobrar por ello - por su puesto como personal eventual percibe 1.579,85 euros más dos pagas extras anuales por igual importe- fueron los hechos puestos en conocimiento de la propia Mayte Martín Pozo a principios de febrero por si existiera alguna irregularidad. El punto y final de la investigación interna, contra el que cabe recurso, todavía está a expensas de la resolución final.
