¿Qué hay detrás de la aplicación del IVA del 21% al servicio de Justicia Gratuita, con la obligación de que los abogados emitan facturas a los beneficiarios? El colectivo profesional, levantado en armas contra este impuesto, con movilizaciones previstas, la primera para el 9 de marzo, no encuentra explicación a la decisión del Gobierno, que "es un ataque a la Justicia Gratuita". "Salvo que se quiera confundir con una actividad mercantil" para dejar abierta la puerta a una "posible privatización futura", es un sinsentido, denuncia en declaraciones a este diario el decano del Colegio de Abogados, Norberto Martín Anero-Avedillo.

"Para lo único que servirá será para burocratizar" el servicio, para doblar el trabajo de los abogados que están en el turno de oficio, "no sabemos para qué quiere esa factura el Estado", puesto que ese IVA lo abonará la propia Administración central. Los letrados no entienden la finalidad y subrayan el trastorno que les supone, "¿tendremos que ir a asistir a los detenidos con un talonario de facturas?, es absurdo", apunta el decano de Zamora.

La paradoja y "lo sorprendente" de esta decisión "es que no existe ningún beneficiario claro" de la instauración de este impuesto, puesto que "lo pagará el Estado y lo recibirá el Estado", después de que la Administración descartara, como pretendía inicialmente, cargar el IVA a los beneficiarios del turno de oficio. Ese coste para los usuarios supondría eliminar el carácter gratuito del serivicio para ciudadanos con pocos recursos económicos. La retirada de esa propuesta se debió a la denuncia de los abogados, que no descartan ahora convocar una huelga si la Administración persiste en obligarles a facturar.

Martín Anero-Avedillo hace especial hincapié en que, con la aplicación del IVA, "la Justicia Gratuita pierde la esencia y el carácter de servicio público, que se presta porque lo ampara la Constitución. Con la aplicación de ese impuesto se le daría un carácter mercantil, cuando no lo es", insiste.

Los profesionales de la Abogacía no creen que detrás de esta decisión esté el objetivo de tener mayor control del coste del servicio. Y es que los ingresos que un abogado obtiene de los casos del turno de oficio y de las asistencias a detenidos "ya los incluimos en nuestra declaración de la renta", advierte Martín Anero-Avedillo en declaraciones a La Opinión-El Correo de Zamora.

Abogados zamoranos acudirán el día 9 de marzo a Madrid para participar en la manifestación ante el Ministerio de Hacienda por lo que califican como "un perjuicio para la institución y para los abogados porque provoca un trabajo tremendo", señala el decano. El máximo representante de los letrados no olvida recordar que "se está prestando una actividad a un precio fuera de mercado, mínimo, y encima que nos dan más trabajo con la obligación de emitir facturas. No lo merecemos".

El cobro del IVA en el turno de oficio "está provocando indignación generalizada", se trata de un cambio de criterio acordado el 16 de enero, ya que la Justicia Gratuita porque nunca ha estado gravada. La interpretación inicial de la consulta vinculante que emitió la Dirección General de Tributos suponía que lo pagaría el beneficiario, un "despropósito total", reitera el representante de los abogados zamoranos, que se descartó la semana pasada para decidir que la base imponible más el IVA lo abonara la Administración.

"No sabemos para qué quiere la factura la Administración, que paga tarde y mal muchas veces", prosigue Martín Anero-Avedillo, lo único cierto es que "el abogado tendría que adelantar ese IVA, lo que no se entiende salvo que pretenda causar un perjuicio a la justicia gratuita y a los ciudadanos".

"La utilidad de la factura es nula, solo supone una burocratización de la justicia gratuita", abunda el decano para recordar que "se nos paga en varias fases: en el momento de iniciar el asunto, un 40%, cuando acreditas que has interpuesto la demanda; y otro 60%, cuando ha terminado. Tienes que hacer dos facturas;".

Los abogados perciben del Estado por el turno de oficio una cuantía muy inferior en Zamora a la que se paga en otras comunidades como Euskadi, Cataluña o Madrid, por ejemplo en la defensa de un divorcio ingresan 120 euros, frente a los 562, en Euskadi; 403, en Cataluña o los 400 en la Comunidad de Madrid.