La manifestación del próximo 9 de marzo arremete contra la iniciativa del Gobierno central de plantear al Tribunal Constitucional que frene los proyectos de paralización de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) presentados por la oposición socialista, que suponía poner el freno a la implantación del calendario de aplicación de esta ley educativa en beneficio de los estudiantes. La argumentación del Gobierno para dar este paso se basa en que la no implantación privaría al Estado de las ayudas acordadas por la Unión Europea para aplicar estos planes de mejora en materia educativa. Una justificación que José Antonio Felipe rechaza de pleno, recordando "los 9.000 millones de euros ya perdidos en materia de educación".
