La diferente forma de baremar a los profesores en los concursos generales de traslados por parte de las comunidades autónomas daña de manera especial a los profesores de Castilla y León, que tienen una puntuación más restrictiva con respecto a otras regiones. El sector de Enseñanza de UGT denuncia estas diferencias con respecto a Galicia ante la administración regional, puesto que "provoca el bloqueo a esa comunidad, mientras que los docentes gallegos acumulan la puntuación necesaria para trasladarse a Castilla y León en menor tiempo".

Para el sindicato, esta circunstancia "supone un agravio para nuestros docentes y vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben ser el eje central por el que se rige el acceso y movilidad de los empleados públicos".

Precisamente el último concurso de traslados se ha convocado el pasado mes de noviembre y está actualmente en proceso de resolución. Y de nuevo "se vuelve a poner de manifiesto las diferencias a la hora de puntuar los méritos entre comunidades autónomas", se apunta desde el sindicato, que pone el foco en Galicia por proximidad y porque las peticiones de movilidad entre ambas comunidades autónomas son muy numerosas. "Las diferencias que existen con esta comunidad vecina dificultan enormemente que un funcionario que aprobó en Castilla y León pueda obtener una plaza en Galicia, mientras que los funcionarios procedentes de Galicia consiguen plazas en nuestra comunidad por delante de nuestros docentes, aun teniendo estos últimos más años de ejercicio como funcionarios de carrera", subrayan.

Las principales diferencias estriban en que en Galicia se puntúan los años de experiencia como funcionario interino y funcionario en prácticas, "cosa que no sucede en Castilla y León. También se valora el desarrollo de algunas funciones docentes que no puntúan en Castilla y León, como la coordinación de secciones bilingües, de medios informáticos de biblioteca o convivencia escolar, entre otras", enumeran.

Por todo ello, desde UGT se insta a la administración regional "que dé los pasos necesarios para que se unifiquen estos criterios a nivel nacional y los empleados públicos puedan moverse por el territorio nacional en condiciones de igualdad real".