La Diputación paga a sus proveedores ocho días antes del límite legal. Así figura en el último informe de morosidad de la institución provincial, que corresponde al cuarto trimestre de 2016 correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre. El más halagüeño fue el último mes del año, cuando la institución provincial consiguió pagar sus abonos a los proveedores en solo veinte días frente al mes estipulado por la legislación vigente. Los datos experimentan una mínima mejoría con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, ya que el informe de morosidad de la Diputación del cuarto trimestre de 2015 arroja unos datos de 24 días frente a los 22 del recién clausurado 2016.
Según el artículo 216,4 del texto de la Ley de Contratación del Sector Público, la Administración -y como tal, la Diputación Provincial de Zamora- tiene la obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. En caso de demora, la Diputación deberá abonar al contratista los intereses de demora así como la indemnización por los costes de cobro en el procedimiento de lucha contra la morosidad.
Según corroboran los informes de todas las mensualidades, el periodo de pago es negativo, es decir, por debajo del tope legal, lo que convierte a la institución provincial en cumplidora de la Ley de Morosidad.
La cifra nada tiene que ver con la deuda viva de la institución. Ésta es conocida como la que mantienen las entidades locales con los bancos en lo que afecta a créditos financieros, valores de renta fija y préstamos o créditos a terceros. Sin embargo, queda excluida de esta partida la deuda con los proveedores de servicios o suministros, es decir, tiene en cuenta en exclusiva la mantenida por la Diputación Provincial con los bancos. La cifra se ha reducido a más de la mitad en los últimos cuatro años.
