La Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno que elimine las restricciones a la contratación de funcionarios establecida durante la crisis, especialmente en áreas como la Sanidad y la Educación, así como la vuelta a la jornada laboral de 35 horas, anulada también como consecuencia de las medidas de ajuste adoptadas en los años de vacas flacas. Así lo expresó ayer la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López, quien asistió en el teatro de Cultura "Elvira Fernández Barrio" al acto de entrega de distinciones a 224 empleados públicos que cumplían 15, 25 y 35 años de servicio o llegaban a la edad de jubilación.
"Las restricciones a la contratación han afectado menos a Sanidad y Educación, aunque hasta el año pasado no han podido ofertar el 100% de las jubilaciones. En el ámbito del resto de la Administración solo podemos convocar el 50% de las plazas que quedan vacantes en el año. Como el ejercicio pasado fue el primer año que se pudo convocar, establecimos la oferta de empleo público al límite y las convocatorias están saliendo ahora", señaló la consejera Marta López.
Asimismo, la viceconsejera apuntó que "este año, cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado y sepamos qué limitación se establece, veremos qué oferta pública podemos sacar. Hemos reivindicado ante el Gobierno que se quiten esas limitaciones, sobre todo en Sanidad y Educación. El compromiso que tenemos con los sindicatos consiste en sacar toda la oferta pública que nos permita la normativa".
López dijo que otra reivindicación al Gobierno es la vuelta a la jornada de 35 horas. "La teníamos antes de la crisis, durante la crisis se restringió y se volvió a 37,5 horas semanales. Lo que hemos hecho, junto a los sindicatos es solicitar que se vuelva a los 35 horas. Tiene un coste añadido sobre todo en Sanidad, en el resto de la administración mucho menos".
La viceconsejera apuntó que la falta de personal sanitario en las zonas limítrofes de la comunidad no es un problema de oferta de empleo, sino que "no hay médicos". Explicó que en la función pública ya hay unos complementos de penosidad, que priman la cobertura de estos puestos de trabajo menos atractivos, pero "estamos estudiando las posibilidades que hay para que la gente quiera ir a trabajar a las zonas más alejadas de los núcleos grandes de población".
La viceconsejera indicó que la Junta está modificando las estructuras tanto centrales como periféricas "y después tenemos que actualizar la relación de puestos de trabajo. Afecta a los servicios territoriales, excluidos Educación y Sanidad", unos 4.500 empleados públicos en Zamora.
