El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) mantiene vigente un contrato con una empresa de colocación con el objetivo de facilitar la búsqueda de trabajo para los parados de Zamora. La Junta firmó el pasado mes de octubre un compromiso con la UTE Nacional de Agencias de Colocación para colaborar mano a mano en la inserción de desempleados de la provincia. Un contrato por el que la unión de empresas percibirá un montante máximo de 1,6 millones. La finalidad de este acuerdo es encontrar empleo a más de un millar de ciudadanos de León, Zamora y Salamanca (las tres provincias que conforman el lote) en un plazo de seis meses desde la firma del contrato.
El acuerdo de colaboración entre el Ecyl y la UTE Nacional de Agencias de Colocación presta una especial atención a los denominados colectivos de difícil inserción. Así, uno de los compromisos adquiridos por la unión de empresas conseguir emplear de manera primordial a parados de larga duración, parados perceptores de la Renta Básica de Ciudadanía de carácter coyuntural y parados mayores de 55 años. El cuarto supuesto incluido en el contrato firmado en octubre del pasado año es el de parados que lleven inscritos en las oficinas de empleo del Ecyl de Zamora entre tres y seis meses.
Este sistema de colaboración público-privada establece, según ha podido conocer este diario, diferentes tarifas por cada desempleado de la provincia que la empresa consiga colocar en el mercado laboral. Así, las retribuciones a la UTE oscilan entre los 97 euros de una adscripción de un desempleado de corta duración hasta los cerca de 2.000 euros en el caso de emplear a un ciudadano de difícil inserción, como puede ser un parado de larga duración mayor de 55 años.
Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Empleo, Castilla y León envió a empresas privadas durante el año 2015 a más de 15.000 desempleados, de los cuales fueron atendidos casi 5.000 y 500 de ellos consiguieron un trabajo. Es decir, que un 10% de los desempleados incluidos en este sistema encontraron empleo, un porcentaje muy distante del apenas 1,7% de personas que consiguió colocar en el mercado el Servicio Público de Empleo Estatal.
