Una sentencia del Juzgado Contencioso de Zamora, pionera, obliga al Sacyl tras 20 años de pleitos a abonar a una mujer los gastos de reparación, mantenimiento y renovación de la prótesis que lleva en una pierna desde que una negligencia médica, que puso en riesgo su vida, provocara la amputación de la extremidad en 1982 y causando su invalidez permanente.
En concreto, el fallo judicial que es firme y no puede recurrirse obliga al sistema sanitario de Castilla y León a abonar 19.699,02 euros, a sumar a otros 11.165,71 euros reconocidos previamente, en total 30.864,73 euros, cuantía en las que se incluyen también los desplazamientos de la demandante.
La decisión del magistrado del Contencioso sienta jurisprudencia, después de que confirmara en su sentencia el derecho de la mujer a obtener que la Consejería de Sanidad le abonara el coste derivado de la necesidad de usar una ortopedia a pesar de los cambios legislativos de enero de 1996 por el que el entonces Insalud dejaba de asumir la obligación de facilitar las prótesis quirúrgicas fijas o las ortopedias permanentes y temporales, así como su oportuna renovación". La nueva norma establecía ayudas, pero determinaba cuáles podían ser gratuitas y las condiciones para su reconocimiento como tales, lo que supuso una situación gravosa para esta zamorana, puesto que nunca le ha resultado gratuito el obtener o mantener la prótesis, lo que "hace prácticamente imposible construir una vida económicamente independiente", dado que afronta gastos "insostenibles para su economía", según relata su abogado, Víctor López Rodríguez, del despacho Hispajuris.
El Sacyl se amparaba en que la mujer fue indemnizada en su día con 7 millones de pesetas (42.000 euros) por la negligencia médica que le privó de una de sus extremidades inferiores por una gangrena provocada por la mala praxis de los médicos que la atendieron tras caer de una bicicleta en 1982.
El entonces Insalud fue condenado por la vía civil a indemnizar a la joven "por los daños y perjuicios sufridos", según el fallo, "por la omisión de la diligencia en el tratamiento médico" de la herida que sufrió, una fractura de tibia en su parte externa, proceder que el juez consideró "constitutivo de culpa". En esa sentencia de 1985, se indica que tras el primer tratamiento una vez sufrido el traumatismo no se le hicieron análisis a la paciente para comprobar la existencia de gérmenes, ni posteriormente hasta pasados cinco días, al exteriorizarse la infección por un edema y necrosis.
En aquel momento, nada especificó el juez sobre los daños y perjuicios que se derivarían de la adquisición y reparación de prótesis futuras "porque la Administración pública ofrecía el cien por cien de su cobertura", por lo que el abogado estima que al modificarse la Ley en 1996 y liberar al Insalud de tal obligación el sistema sanitario debía continuar haciéndose cargo de esos gastos.
Fue el Juzgado de lo Social el que le abrió la puerta a conseguir su objetivo, al indicar que su caso podría ver ampliadas la indemnización por los daños y perjuicios, con el pago del recambio protésico, si acudía al Juzgado Contencioso, a través de la exigencia de la responsabilidad patrimonial, primero ante el Sacyl, organismo que rechazó la petición. Se reclamaba, así, "una ampliación del resarcimiento" (de esa indemnización) que busque "la íntegra financiación de las prótesis, en aras de una reparación integral del daño".
Una pretensión con la que ahora el magistrado del Juzgado Contencioso corrige los efectos del cambio legislativo que llevaron a la zamorana a reclamar los 30.864,73 euros gastados en los últimos 20 años y que contribuyeron a mermar sus ingresos y su independencia económica.
El propio Juzgado de lo Social admitía en su fallo que esa nueva norma suponía un cambio "esencial en las circunstancias que determinaron la inicial cuantificación" de las indemnizaciones futuras a recibir por parte de esta persona, que incluían las ortopedias hasta el año 1996.
