El Procurador del Común ha iniciado una actuación de oficio para evaluar el estado de los procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad, tras tener conocimiento de diversos retrasos y demoras que se llegaron a cifrar en hasta un año, cuando la normativa autonómica fija un máximo de tres meses para resolver las solicitudes.

La investigación partió a principios de este año, tras detectar el retraso en la tramitación de los procedimientos de reconocimientos del grado de discapacidad en la provincia de León, donde había en el primer trimestre 2.250 peticiones de las cuales solo el 27% se resolvieron en menos de tres meses, que es el plazo dispuesto en el artículo 8.4 de la Orden de 15 de junio de 2000, por la que se establecen en el ámbito de Castilla y León normas de aplicación y desarrollo para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. La normativa fija que el plazo máximo para la resolución y notificación es de tres meses que se computan desde la fecha de recepción de la solicitud. Además, el artículo 41 de la misma norma recoge la obligación de remover los obstáculos que dificulten o retrasen esta tramitación.

La Junta informó que ningún expediente superaba los once meses, pero a juicio del Procurador se consideraban tiempos excesivos. Los datos de la Consejería de Familia, correspondientes al primer trimestre del año, recogían que había 7.145 solicitudes, 446 en Ávila, 1.440 en Burgos, 2.250 en León, 381 en Palencia, 1.045 en Salamanca, 331 en Segovia, 185 en Soria, 741 en Valladolid y 326 en Zamora.

Ahora el Procurador del Común pretende conocer si hay retrasos en todas las provincias, ya que la finalidad del reconocimiento del grado de discapacidad es la necesidad de garantizar el acceso del ciudadano a los beneficios o recursos que los organismos públicos proporcionan a las personas con discapacidad; objetivo, subrayan, que se ve frustrado si en la tramitación se producen retrasos que a su vez impiden el acceso al sistema de protección.

En Zamora hay registradas 12.351 personas con una discapacidad igual o superior al 33 %: 7.100 sufren discapacidad física, 3.371 psíquica, 1.032 visual y 848 auditiva.