El presupuesto de la Diputación Provincial para 2017 blinda los servicios sociales en el medio rural a través de unos presupuestos continuistas que rondarán los 60 millones de euros el próximo año. La ayuda a domicilio, la teleasistencia, los centros municipales integrados, las ayudas de urgente necesidad así como las guarderías del programa Crecemos, las subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro o las ayudas al transporte social y a la natalidad se mantienen el próximo año para hacer prevalecer los servicios sociales básicos.

La presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, dará hoy a conocer las cuentas a los grupos políticos en un documento que, por primera vez, consolida los presupuestos de todos los consorcios por exigencia legal. Según el documento previo entregado a los grupos, se prevén unos ingresos de 62 millones de euros, la mayor parte, procedentes de trasferencias corrientes, en torno a 50 millones de euros. La cuantía económica más jugosa llegaría procedentes de la participación en los tributos del Estado en sus diferentes conceptos.

Entre las partidas previstas, destacan los cinco millones para el plan municipal de obras -antiguos planes provinciales- y los alrededor de 2,5 millones para fomentar el empleo y asentar población.

Aunque no ha existido negociación con los grupos provinciales para pactar ni las partidas básicas del presupuesto ni los ejes principales de las cuentas de la institución, Ciudadanos ha pedido incluir varias propuestas como condición para su aprobación final, si bien todavía se desconocen cuáles son esas condiciones. Así, el equipo de Gobierno ya cuenta a priori con el respaldo tanto del diputado de la formación naranja, David Carrión, como del diputado no adscrito, Ángel Prada, que hasta ahora ha respetado el voto popular pese a no ser ya de los suyos. Su aprobación definitiva será en sesión plenaria el próximo día 16, viernes.