Los cinco imputados en el robo de 56 galgos, de los que 30 eran de criadores zamoranos, valorados en 193.525 euros y por causar daños en las fincas de los propietarios por importe de 2.885 euros se enfrentan a un total de 23 años y tres meses de cárcel, que exige la Fiscalía Provincial. El Ministerio Público les acusa de los delitos de robo continuado con fuerza en las cosas, ocurridos desde junio de 2006 hasta septiembre de 2009, y de pertenencia a una organización criminal, infracción esta última de la que solo se libra uno de los procesados.

La Federación Española de Galgos y la Asociación de Criadores del Galgo Español de Castilla y León, que ejercen la acusación particular en la causa, solicitan las mismas penas de prisión que la fiscal, así como una indemnización de 25.000 euros por los gastos derivados de la acogida en situación de custodia de los 56 perros, el transporte, estancia, manutención y reconocimientos veterinarios. Los galgos sustraídos más caros costaban en el mercado 20.000 euros, como el que se llevaron de un corral de Coreses situado en el Pago de la Gavia del Cepo del Corral, mientras que los animales más baratos tenían un precio de 750 euros. La investigación judicial parte de la operación Clavijo que desarticuló la banda, que operaba en Zamora, Valladolid, Palencia, Ávila, Toledo y Madrid, que concluye con el juicio que se celebrará en breve en la Audiencia Provincial de Zamora.

La Guardia Civil, que llevó a cabo la investigación, consiguió en octubre de 2008, tras intervenir teléfonos de algunos de los procesados, desarticular dos redes de robo de galgos en Zamora y en Cuenca. La banda tenía personal que vigilaba en los certámenes de competiciones a los animales para después localizarlos en los lugares de procedencia.

La Fiscalía Provincial exige ahora para el acusado J.M.L.R. cinco años de prisión por pertenencia a una organización criminal, al considerarle el cabecilla, mientras que para otros tres imputados, A.U.G., E.G.L. y E.G.B. solicita dos años y seis meses de reclusión por el mismo delito y otros tres años más por uno de robo continuado con fuerza en las cosas. Para otro de los procesados, A.G.B., deja le petición en dos años de reclusión por robo con fuerza en las cosas, el único al que no se considera integrante de la banda. Los acusados abandonaban a los galgos si no reunían determinadas cualidades para la caza o la competición y a los que mantenían les retiraban los microchips de identificación y les colocaban otros de canes legalmente adquiridos.

La Guardia Civil, durante los seis meses de pesquisas anteriores a desarticular la red, vigiló a los once detenidos en Zamora, "delincuentes habituales y con cierto grado de peligrosidad", según informó entonces la Comandancia de la provincia zamorana. La banda disponía de intermediarios que se desplazaban a las ferias, concursos, mercados, etc., para ojear galgos con excelentes cualidades para la competición. Intentaban comprarlos y, ante la negativa de los dueños, los robaban.