Los efectos de la crisis en la provincia

La pobreza energética empuja a más de un millar de zamoranos a pedir ayuda pública

Cáritas, Diputación y Ayuntamiento dedican en el último año más de 121.000 euros a pagar facturas de luz y gas de vecinos sin recursos

21.11.2016 | 17:30
Un joven tapado con mantas frente a un calefactor.

La pobreza energética mira de frente a 5.000 familias zamoranas de las que más de un millar -en concreto, 1.253- se ven obligadas a recurrir a las ayudas institucionales para poder pagar cada mes sus facturas de electricidad y calefacción. Cáritas, la Diputación Provincial de Zamora y el Ayuntamiento de la capital son tres de los organismos a cuyas puertas llaman los zamoranos con escasos recursos para encontrar algo de oxígeno entre su ahogo de recibos y números rojos, sobre todo, cuando el frío arrecia y en el hogar hay niños y personas mayores.

Cáritas Zamora es la ONG que concede subvenciones a mayor número de usuarios en la provincia. Solo en la capital atiende a 650 personas para suministros de luz, agua, gas o gasóleo por una cuantía global de 71.010 euros. La Zamora rural también urge ayuda a Cáritas y hasta 435 personas se ven abocadas a recurrir a la organización, que desembolsa 26.135 euros para este fin en los pueblos adscritos a la Diócesis de Zamora, dado que no toda la provincia está integrada en esta ordenación.

A las puertas de la Diputación han llamado en lo que va de año 138 vecinos de los pueblos con dificultades serias para abonar los costes de la calefacción. Las ayudas de emergencia social ascendieron este año a 15.000 euros -dedicadas en exclusiva para pagos energéticos, dado que su importe global es más amplio-. Su denominación técnica es "Prestación Económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de Urgencia Social (Preus)", una ayuda de la que se han beneficiado más de un centenar de vecinos del medio rural. La partida siempre está abierta a ampliación en el caso de que haya nuevas solicitudes cuyas peticiones cumplan los requisitos. La institución provincial es también la encargada de tramitar las Rentas Garantizadas de Ciudadanía estructurales, con carácter mensual hasta un límite de 18 meses y gestionadas por un equipo de apoyo a la familia que antepone la escolarización del niño como condición "sine qua non". Se trata de un trabajo individualizado, una ayuda integral y con un pormenorizado seguimiento.

Por lo que refiere al Ayuntamiento de la capital, según los datos que ha dado la Concejalía de Servicios Sociales, a la treintena de concesiones -9.277 euros- para suministros de luz y gas hay que sumar el resto de ayudas municipales, un total que eleva el importe hasta rozar los cien mil euros. Las más numerosas se destinan al pago del alquiler de la vivienda, 60.762 euros en el primer semestre de este año solicitados por 77 familias. Alimentación, con más de 9.000 euros para 23 concesiones, y el pago de la hipoteca, con 8.000 euros para ocho concesiones, son algunos de los montantes que destina a gasto social el Ayuntamiento capitalino. A mayores están los 35.000 euros concedidos a Cáritas para ayudas de emergencia social. Exclusivamente en relación al pago de suministros de luz y gas, y con respecto al año pasado, las ayudas municipales han aumentado hasta los 12.187 euros hasta noviembre, unos 2.000 euros más que el año pasado. Los datos muestran que la pobreza energética está todavía lejos de desaparecer.

Con todo, las ayudas públicas y de entidades como Cáritas no llegan a todos los hogares en situación de vulnerabilidad. Los datos muestran que cerca de 10.000 hogares de la provincia viven en situación de pobreza energética -destinan a estos fines una parte bastante elevada de sus ingresos- y que 5.000 familias no tienen recursos para acondicionar su vivienda de cara al invierno. En total, más del 7% de los hogares zamoranos no podrían permitirse encender la calefacción, lo que se traduce en una temperatura inferior a la recomendada en alguna parte de la casa o, en el peor de los casos, en todas.

Los datos son de la Asociación de Ciencias Ambientales y se refieren al invierno de 2014, aunque según la misma fuente la situación apenas habría variado. Además, la estadística va en la misma línea de la que manejan los sindicatos zamoranos, que dan datos parecidos a los de este informe. "La pobreza energética no es tan sólo una cuestión de desigualdad en las condiciones materiales de vida sino que es una circunstancia que afecta de forma fundamental al bienestar, hasta tal punto que acorta la vida de algunas de las personas que la sufren. Además de los individuos directamente afectados, que son los que sufren en primera persona estos impactos, la sociedad en su conjunto también se ve perjudicada", apunta la Asociación de Ciencias Ambientales.

Que los efectos de la pobreza energética son nocivos para la salud se hace evidente al comprobar que catorce zamoranos sufrieron intoxicaciones por monóxido de carbono durante el pasado invierno, cifra a la que hay que sumar un fallecimiento en Villardiegua de la Ribera ocurrido la pasada Nochevieja, cuando una mujer perdió la vida a causa de una intoxicación provocada por un brasero de leña que había en su vivienda. Los incidentes de este año no se han hecho esperar, pues hace unos días una mujer tuvo que ser atendida al resultar intoxicada en su vivienda de Cubo del Vino.

Con todo, desde el Ayuntamiento insisten en que es "prácticamente imposible" que en Zamora ocurra un suceso como el que conmocionó a la localidad catalana de Reus hace unos días, cuando una mujer de 81 años que tenía la luz cortada falleció en su vivienda como consecuencia de un incendio provocado por una de las velas que utilizaba para iluminar su casa. El Ayuntamiento forma parte de un convenio formalizado entre la Junta de Castilla y León, la Federación Regional de Municipios y Provincias e Iberdrola, principal suministrador en la capital, que regula el procedimiento a seguir en caso de que un consumidor no pueda hacer frente al pago de los suministros básicos.

En el acuerdo se establece que cuando los servicios sociales del Ayuntamiento detecten un caso de familia en situación de vulnerabilidad a la que Iberdrola (en este caso, aunque hay otro convenio similar con Gas Natural) haya dirigido un requerimiento, se analizará la situación de esa familia para determinar si puede ser beneficiaria de una prestación de urgencia social. Mientras se gestiona la prestación, la suministradora está obligada a mantener el suministro de electricidad y, siempre que el pago tenga lugar en los tres meses siguientes, no podrá exigir el pago de comisiones, intereses ni gastos adicionales. "Este procedimiento viene a garantizar que nadie con necesidades se verá privado del suministro eléctrico, esencial para una vida digna", asevera la concejala de Servicios Sociales, María José González.

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