"Parece muy oportuno" que la reforma del Estatuto de Autonomía incorpore medidas de regeneración democrática -contra la corrupción política-, "como se había comprometido inicialmente", declaró la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, ayer en Zamora, ya que ese marco legal es el punto de partida del resto de leyes emanadas del Parlamento regional.

No sin dejar de insistir en que son los grupos políticos que conforman la Cámara regional los que deben determinar si contemplan o no esas medidas, Clemente se mostró partidaria de "incluirlas" en la reforma del Estatuto "porque es la norma fundamental, la madre de todas las leyes, que derivan de ella". Mientras, abogaba por "el consenso, fundamental" para llegar a esa revisión del que constituye el cuerpo normativo de la comunidad autónoma.

Precisamente, el PSOE, Podemos e IU, que no descarta recurrirla ante los tribunales, volvieron a la carga contra el proyecto de la Ley de Altos Cargos, elaborado por el PP y respaldado por Ciudadanos, que contempla esas medidas. El bloque de izquierdas de la oposición exigió, una vez más, su retirada para tener en cuenta a los servicios jurídicos de las Cortes que apuntan su "anticonstitucionalidad y su carácter antiestatutario".

El portavoz del PSOE denunció la "operación de maquillaje" que pretende el PP con esta Ley y la que protege a funcionarios que denuncien casos de corrupción, norma esta última que "retrocede" en cuanto al "control y vigilancia de los altos cargos en incompatibilidades y en la lucha contra la corrupción".

Tras arremeter contra el nombramiento de un procurador del PP para presidir la comisión de investigación de la trama eólica, creada a propuesta del PSOE, el líder socialista en Castilla y León declaró que "la regeneración democrática no puede estar en manos de quienes ponían en cuestión la existencia de casos como el eólico o la púnica, de la misma derecha que los provocó".

Desde el PP, Juan José San Vitorio, negó que existieran informes técnicos que cuestionen la legalidad de la Ley de Altos Cargos y aseguró que "se han tenido en cuenta las consideraciones" hechas por los letrados de las Cortes. El portavoz del PP exigía "rigor y conocimiento del procedimiento" que sigue la aprobación de esta Ley "para saber de qué hablamos", no sin cuestionar a Podemos, "que no tiene legitimidad para dar lecciones y menos de regeneración". San Vitorio aludió a los casos del piso de Ramón Espinar, el recién elegido máximo responsable de Podemos en Madrid. Acusó a la oposición de "no soportar verse en el espejo" que esta Ley les colocaba enfrente.

El portavoz de IU, José Sarrión, criticó una "ley de postureo, menos dura que la estatal", que pone de manifiesto que el PP y Ciudadanos "no creen en la regeneración verdadera, sino en la política de titulares". Para el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se trata de una norma "de degeneración democrática", con "los graves e importantes defectos jurídicos" que recomiendan la retirada de la misma para corregirlos.

Desde Ciudadanos, Luis Fuentes defendió el apoyo de su grupo a la propuesta del PP, en la que logró introducir alguna modificación, convencido de que, "aunque no es el proyecto que hubiéramos deseado", lo importante es el "avance" conseguido. Desde esta postura, instó al resto de la oposición a "dejar sus disputas y cuitas en sus órganos" para "no trasladarlas" a las instituciones. Respecto del nuevo presidente del PP en la comisión de investigación de la trama eólica, Fuentes destacó que "en futuras comisiones no podrán presidirlas", si bien admitió que "debieron apartarse en aras de la regeneración".