La herencia tenía trampa. A la muerte de su hermano, el negocio recibido en testamento, un restaurante de carretera en Quintanilla de Urz, en funcionamiento durante un par de años y que prometía ser una salida a su futuro laboral, está a punto de llevarle a la ruina, con la pérdida de 1,5 millones de euros, tras la orden judicial de cierre y demolición del inmueble al anularse las licencias concedidas por el Ayuntamiento de ese municipio y por la propia Junta de Castilla y León. A ambas instituciones reclama esa cuantía por permitir que su hermano construyera el restaurante con las licencias oportunas.

La mala noticia le llegó a primeros de marzo de este año, seis meses después de haber recibido el negocio en herencia y catorce meses después de que hubiera fallecido de forma inesperada el titular primitivo, su hermano, quien obtuvo de la Comisión Territorial de Urbanismo la autorización de uso excepcional de la parcela rústica para construir el restaurante.

El actual propietario, que ha interpuesto la reclamación ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y ante el Ayuntamiento de Quintanilla de Urz, alega la existencia de todas las licencias necesarias para construir y poner en marcha el negocio hostelero para exigir daños y perjuicios por el cierre del establecimiento el 22 de junio de este año para cumplir la sentencia del Juzgado Contencioso de 2013 que estimaba ilegal la autorización, fallo que la Junta recurre y que pierde el 5 de marzo de 2014. A esta disposición judicial, de la que el industrial fallecido no tuvo conocimiento, según su hermano, se suma otra del Contencioso de Zamora de septiembre de 2015 que, con el restaurante ya en funcionamiento, anula la licencia de obras, de prevención ambiental y de apertura concedidas por el Ayuntamiento y por la Junta. Todas estas resoluciones judiciales se derivan de las sucesivas denuncias interpuestas por la misma firma industrial, sin que al nuevo propietario, según consta en la reclamación y afirma su letrado, se le haya comunicado la existencia de ningún procedimiento judicial que afectara a su negocio.

En las reclamaciones ante ambas instituciones, se especifica que al conocer en marzo de 2016 la situación, se presentó un recurso extraordinario de revisión en el que se solicitaba copia de toda la documentación existente en el Ayuntamiento, ya que el primer dueño del restaurante había fallecido, circunstancia que solicitaban que se comunicara al Contencioso; y pedían también la suspensión de la ejecución de la sentencia, sin obtener respuesta. La misma petición se cursó a la Junta con idéntico resultado.