La concesionaria actual se lleva íntegra la recaudación de ORA y aparcamientos

El Ayuntamiento desconoce, desde 2006, a cuánto ascienden los ingresos

08.11.2016 | 10:24
Un controlador de la ORA comprueba un ticket.

La empresa concesionaria de la ORA y de los aparcamientos subterráneos de la plaza de la Constitución y San Martín lleva, desde 2006, sin rendir cuentas al Ayuntamiento e ingresando íntegramente la recaudación de ambos parkings y del servicio de aparcamiento regulado, incluidos los 3 euros por multa anulada dentro de las 24 horas de la comisión de la infracción. Los usuarios pagan, actualmente, a una empresa que hace diez años que no rinde cuentas ante el Ayuntamiento de Zamora pese a que debía ingresar un canon, según el contrato anulado, de 120.000 euros al año. De los tres servicios, solo uno, el de San Martín, presenta resultados deficitarios. Sin embargo, la empresa adjudicataria hace una década que dejó claro su intención de abandonar su labor, aunque a cambio reclama también una indemnización que puede alcanzar los 20 millones de euros.

Ya en 2008, cuando el pleno acordó por unanimidad y en aras al "interés público" no admitir la petición de la entonces denominada Urbaser (hoy Iridium, pero en ambos casos pertenecientes a la matriz de ACS), insistía en abandonar el servicio, el entonces portavoz del equipo de Gobierno de Rosa Valdeón y hoy representante de la oposición, José Luis González Prada, reconocía que el Ayuntamiento carecía de cualquier información contable sobre la situación, puesto que la empresa no facilitaba ningún dato. En ese mismo pleno, en el que se abordaba la urgencia de actuar para el cumplimiento de una sentencia judicial ratificada por el Tribunal Supremo en 2016, González Prada preveía zanjar la cuestión en marzo de 2008. Sin embargo, el proceso de licitación que el concejal ya definía entonces como complejo, no se llevó a cabo hasta ocho después, con el equipo de Gobierno de la coalición IU-PSOE. Pero un recurso del PP ante el Tribunal Administrativo ha vuelto a encallar el proceso. Curiosamente, la resolución del Tribunal, que tiene ámbito administrativo y no judicial, se basa en que los servicios de aparcamientos, ORA y grúa no debían licitarse en conjunto para no limitar la concurrencia libre a las empresas. Sin embargo, la fórmula no tiene nada de novedosa, es empleada en varias ciudades y, salvo la grúa, formó idéntico paquete ya la primera vez que se sacó a licitación por el propio PP.

Fue el gobierno popular presidido por Antonio Vázquez el que, en 1999, llevó a cabo la primera licitación que incluía ambos aparcamientos y la ORA, atendiendo a lo que la normativa permite en este sentido, por tratarse de servicios interconectados y suponer un ahorro para las arcas públicas.

La anulación que se produjo cinco años después nada tuvo que ver con ello. En 1999 la adjudicación, en primer lugar, correspondió a la empresa Dornier, que renunció, convirtiéndose entonces la empresa Dragados-Urbaser, en la concesionaria definitiva. Sin embargo, Dornier recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León solicitando la anulación del contrato por haberse omitido en el proceso de licitación trámites decisivos como la ausencia de un anteproyecto de explotación del servicio. El TSJ le dio la razón a Dornier en 2004. El Ayuntamiento recurrió ante el Supremo que ratificó el fallo en 2006 y condenó en costas al municipio.

El equipo de Gobierno actual ha decidido no acudir al Contencioso la resolución del Tribunal Administrativo, Tarcyl, para evitar un nuevo proceso que dilate los 12 años transcurridos desde la anulación y que la indemnización que Urbaser pretende y cuyo derecho tiene reconocido también por sentencia. El alcalde, Francisco Guarido, anunció ayer que el propósito del Ayuntamiento es agilizar la nueva licitación con los servicios por separado en diferentes lotes, aunque reiteró que la consecuencia directa irá en perjuicio de las arcas municipales, lo que afectará a los presupuestos que ya estaban ultimándose al variar la previsión de ingresos.

El Ayuntamiento está obligado a solucionar el conflicto antes del próximo mes de marzo y se enfrentará, con toda probabilidad, a un nuevo proceso con la empresa Urbaser para reducir en todo lo posible la indemnización que esta deberá recibir. Los derechos que ejerce la adjudicataria corresponden a un resarcimiento por los años de explotación perdidos, ya que la concesión de los dos aparcamientos y de la ORA era por un plazo de 40 años del que solo se han cumplido 16.

La Alcaldía pretende que la empresa rebaje sus pretensiones económicas una vez que, en todo este tiempo, ha dejado de pagar el canon al que estaba obligada por el contrato anulado y, además, sigue ingresando íntegramente la recaudación del servicio. Pero si las negociaciones no prosperan todo podría acabar en el Contencioso para que fuera un juez quien estableciera la cantidad a percibir.

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