La mujer que durante siete meses recibió puntualmente la pensión de un zamorano fallecido como si de su viuda se tratase tendrá también que dar cuentas ante la justicia de los delitos por los que se investiga a quien le habría situado en esa privilegiada e ilegal situación, al exjefe de la sección de control de pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En la instrucción se le considera cómplice de las infracciones penales que la Fiscalía estima que ha cometido el funcionario jubilado del INSS, al menos dos de apropiación indebida y otros de falsedad en documento público.
El acusado, cuyas iniciales son C.Ch., era el máximo responsable de la tramitación de las pensiones, de llevar a cabo los trámites para darlas de alta o de baja, trabajo que, al parecer, nadie más supervisaba. Su empleo le permitía conocer el número de expediente de las pensiones de personas fallecidas para rehabilitarlas con otros datos diferentes a los que aparecían cuando fueron dadas de baja, bien personales, como en el caso de la mujer a la que le habría adjudicado una de viudedad, bien de cotización.
Fue así como, según la acusación, reactivó la pensión de su abuelo en 1999, cinco años después del fallecimiento, no sin transformarla en una de gran invalidez, que no cotizan a Hacienda y permiten percibir al beneficiario el 150% de la base reguladora, que también habría transformado en la máxima, según las diligencias.
El funcionario que se jubiló en mayo o junio habría hecho lo mismo con la pensión de su padre, que falleció en 2011, pero que no dejó de percibir hasta que el banco en el que tenía la cuenta como cotitular con su progenitor se empeñó en conocer al jubilado en cumplimiento de la Ley contra el blanqueo de capitales.
