El Estado ha ingresado, desde comienzos del año 2005, más de 1,01 millones de euros procedentes de quince herencias de zamoranos que murieron sin dejar testamento y sin familiares cercanos. Así lo reflejan los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que elevan a 128 las herencias en Castilla y León afectadas por esta circunstancia, denominada jurídicamente "abintestato". La suma de los caudales líquidos sin legatario asumidos por el Gobierno asciende a 10,87 millones de euros a nivel regional.

Las cuentas de abintestatos aparecen reguladas en el artículo 956 del Código Civil, con dos terceras partes de la recaudación dirigidas a fines de interés social y el otro tercio, a los ingresos del Tesoro Público con carácter general. Cabe recordar que hasta la reforma de 2015, las partidas iban a instituciones del domicilio del fallecido pero en la nueva redacción se distribuyen de forma general a través del 0,7 por ciento del IRPF.

El número de herencias en la comunidad sin heredero asumidas por el Estado representan el 11,6 por ciento de las 1.103 gestionadas a nivel nacional; y su cuantía, el 12,1 por ciento de los casi 90 millones recaudados.

Responsables de la coordinadora de ONG para el Desarrollo de Castilla y León destacaron que con la antigua y con la nueva regulación de estos fondos que ingresa el Tesoro, lo importante es que "debe existir transparencia" y constatar que esas partidas "siempre se vinculan a fines sociales" ahora con la convocatoria del 0,7 por ciento, y antes cuando se hacía a través de asociaciones municipales. "Lo importante es la transparencia y que esos fondos no se pierdan y vayan al ámbito de lo social", resumieron.

Las mismas fuentes indicaron que con la regulación anterior a la de 2015, "puede que se llegase más al ámbito local", pero en la actualidad, a través del 0,7 por ciento, esos fondos "se pueden dirigir a proyectos mucho más amplios".

El portavoz del Colegio Notarial de Castilla y León, Juan Carlos Villamuza, explicó a Ical que sus competencias llegan hasta la declaración de herederos hasta el cuarto grado de consanguinidad, cinco niveles recogidos en el Código Civil antes del Estado. Es decir, hijos y descendientes; padres y ascendientes; cónyuge; hermanos e hijos de éstos (sobrinos); y el resto de parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos carnales). Si no existe testamento del fallecido con herencia y posibles beneficiarios, dijo, la notaría se encarga de investigar a quién puede corresponder hasta ese grado dando los pasos que crea necesario, con publicaciones o llamando a las personas que entienda que tienen derecho.

Si no hay herederos, aclaró, es el juzgado el que se tiene que encargar del entierro y de la investigación, y comunica la situación a Hacienda, que asume la gestión del patrimonio del finado. En este sentido, Villamuza comentó que antes de la reforma de la ley de enjuiciamiento civil de 2015, era el juzgado el que se encargaba de la declaración de herederos "colaterales" y en los casos de abintestato, sin testamento ni heredero. Sin embargo, expuso que a partir del nuevo texto legislativo, los notarios asumieron la declaración hasta el cuarto grado de consanguinidad, y Hacienda su propia declaración.

Un análisis provincia de la cuenta de abintestatos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas refleja que en la provincia vallisoletana, el Estado recauda por esta vía en el periodo de estudio, algo más de 2,8 millones de euros en 21 herencias. En esta provincia destacan las tres herencias recuperadas en 2005, por 923.889 euros; y las dos de 2013, por 653.594. En segundo lugar aparece Burgos, con 37 herencias, por 2,52 millones de euros, con especial relevancia en el año 2009, cuando se declaró heredero de seis herencias, por 1,15 millones.