Los bienes inmuebles de uso religioso en la provincia de Zamora alcanzan un valor catastral de 37,9 millones de euros. Pese a que la Dirección General del Catastro no diferencia entre doctrinas, cabe suponer que prácticamente la totalidad de esta cifra corresponde a la Iglesia Católica, poseedora de centenares de propiedades a lo largo y ancho de la geografía zamorana. En concreto, la administración reconoce un total de 699 inmuebles repartidos entre los 248 municipios. Un patrimonio cuyo valor medio es de 82.900 euros y que se ha incrementado en un 64% durante la última década por las revisiones catastrales en los municipios.

El valor dado a los edificios religiosos de la provincia de Zamora en el Catastro ha experimentado un incremento notable a lo largo de los últimos diez años. En el año 2006, se contabilizaban 729 inmuebles de este tipo con un valor total de 25,1 millones de euros. A día de hoy, con los datos más recientes en la mano, los edificios registrados han caído en una treintena, hasta los 699, pero su precio se ha disparado hasta llegar a los 37,9 millones de euros.

Las cifras, no obstante, son un simple número que establece la administración para cada uno de los inmuebles y que sirve de aplicación para una serie de normativas, así como en materia impositiva (algo que no afecta a la Iglesia). Sin embargo, el precio real del conjunto de estos inmuebles probablemente esté muy alejado de esos 38 millones de euros y sea superior. O, en cualquier caso, lo que cada quien esté dispuesto a pagar por ellos.

La naturaleza de uso religioso de estos bienes está íntimamente ligada a una polémica que trae cola desde hace años. Y es que la mayoría de los 699 edificios y fincas contabilizados por la Dirección General del Catastro están exentos de pagar el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles. Una factura millonaria de la que se podrían beneficiar y mucho los municipios de la provincia de Zamora, a menudo acuciados por las deudas.

La otra cara de la polémica está en el lado de las inmatriculaciones de la Iglesia. Una reforma en la Ley Hipotecaria impulsada en 1998 por el gobierno de José María Aznar permitió a la Iglesia, y solo a la Iglesia, inscribir a su nombre propiedades que no estuvieran registradas. Un resquicio legal que propició un gran "boom" inmobiliario en los Obispados hasta que el pasado año 2015 el Congreso prohibió esta práctica. Por el camino, episodios tan "berlanguianos" como el registro por parte del Obispado de Zamora de la Plaza Mayor de Almaraz de Duero como un "anexo" de la iglesia de la iglesia de El Salvador. Un asunto que obligó a movilizar a la Justicia hasta devolver la plaza al pueblo.