El abogado de la hija del exdiputado del PP, Ángel Prada Barrios, presentará sus alegaciones contra el recurso de la Fiscalía que pide a la Audiencia Provincial que condene a seis años de inhabilitación a la funcionaria, absuelta por el Juzgado de lo Penal del delito de prevaricación que se le imputó por simultanear dos puestos en la Administración local. Durante seis años, de noviembre de 2005 a noviembre de 2011 fue la secretaria de la Agrupación de Rosinos de la Requejada y Palacios de Sanabria, como interina, donde su padre era el presidente; y auxiliar en el Ayuntamiento de Galende, donde es personal laboral.

El letrado incidirá en que la procesada, absuelta por el Juzgado de Penal, no cometió un delito de prevaricación, puesto que carecía de atribuciones para nombrarse como secretaria municipal y para revocar su cargo por sí misma, una competencia que es del Ayuntamiento, que lo propone; y la Junta de Castilla y León, en última instancia.

Si bien la juez absuelve a la empleada, subraya en la sentencia la "notable irregularidad" que cometió a sabiendas de la normativa, dada su condición de "técnico" de la Administración, para indicar que destaca que "la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento" ante el argumento del letrado de que desconocían la ilegalidad, como demuestra que cuanto lo supo cesó en Galende.

Otro de los argumentos que expuso el letrado en el juicio fue que la empleada pública había incluido entre sus méritos para acceder a la plaza de secretaria su experiencia en el Ayuntamiento de Galende, con lo que no ocultó en ningún momento que trabajaba para este municipio e indica que no actuó de forma irregular a sabiendas.

El Ministerio Fiscal apunta en su recurso que la funcionaria, de iniciales C.P.P., tanto por el cargo que ocupa como fedataria de la legalidad municipal como por las competencias que la Ley le confiera, es imposible que no conociera la ilegalidad que cometía al desempeñar dos cargos públicos a la vez y, por tanto, la incompatibilidad en la que estaba incurriendo.

A la espera de analizar al detalle el recurso de la Fiscalía, el abogado recordará que en cuanto supo de la ilegalidad, presentó su cese. La magistrada de lo Pena también estima imposible que no conocieran la incompatibilidad, tanto el padre, alcalde de Rosinos de la Requejada, como la hija.

Durante el juicio, la defensa de la funcionaria destacó que el Tribunal de Cuentas estudió las consecuencias de esta ilegalidad para determinar si debía devolver las remuneraciones recibidas como en alguna de las instituciones, para concluir que no porque no causó perjuicio a las arcas municipales y cumplió siempre bien su trabajo. En su sentencia, sin embargo, la magistrada de lo Penal cuestiona que pudiera cumplir con una jornada laboral que se extendía a 62 horas semanales.

La magistrada condena al exdiputado del PP a siete años de inhabilitación por "omisión" y "pasividad total" cuando la propia Junta insta a que se restablezca la legalidad y se cese a su hija como secretaria de la Agrupación que él preside. Con su actitud, Prada Barrios obligó a actuar de oficio a la Junta para sancionar a a la empleada municipal, recoge el fallo judicial. El alcalde cometió el delito no por haber participado en el nombramiento de su hija, del que se apartó, sino por desoír a la Junta, concreta la juez. Y justifica la absolución de la imputada porque no se puede concluir que dictara ninguna resolución arbitraria o injusta o que se abstuviera de hacerlo, "la única actuación que puede imputársele es no haber presentado su cese" como secretaria.