El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Zamora, Rafael de Vega Irañeta, ha recurrido la absolución de la hija del diputado provincial expulsado del Grupo Popular y alcalde de Rosinos, Ángel Prada, al estimar que en su condición de secretaria conocía la incompatibilidad de ese puesto con otro de desempeño público que tenía en otra localidad de la comarca.

La hija del diputado era, efectivamente, empleada del Ayuntamiento de Galende y a la vez entró como secretaria en la agrupación de municipios de Palacios de Sanabria y Rosinos de la Requejada, ayuntamiento este último del que era alcalde su padre. El fiscal entiende que la funcionaria conocía perfectamente la incompatibilidad de ambos puestos, así como los requerimientos realizados por la Junta de Castilla y León para que abandonara uno de los dos trabajos, sin que hiciera caso.

Por su parte la hija de Prada y su letrado defensor argumentaron en el juicio celebrado en su día en el Juzgado de lo Penal que no cometió ningún delito de prevaricación o tráfico de influencias, como demuestra el hecho de que entre los méritos para ocupar la plaza de secretaria incluyera expresamente su trayectoria profesional en el Ayuntamiento de Galende, prueba de que no actuó en ningún momento con mala fe.