La diferencia económica entre los agentes y militares heridos por atentados terroristas o lesionados en situaciones no relacionadas con el terrorismo es mayúscula. En algunos casos llegando a una diferencia del 100% respecto a la pensión recibida. Según las estimaciones realizadas por el bufete de abogados Osuna, que lleva la denuncia contra la Administración española, la cantidad que están dejando de percibir los afectados se estima entre "800 y 1000 euros al mes". Situación que se lleva produciendo desde 1984, cuando se estableció el límite a las pensiones por incapacidad física.

Según estas previsiones, las cifras que se manejan no son de pequeña cuantía, porque en el caso del guardia civil zamorano habría dejado de percibir 240.000 euros, al menos en estos 25 años desde la lesión. Por otro lado, al policía que le dispararon mientras pretendía detener un atraco hace 15 años, ya se le adeudarían 144.000 euros, entendiendo que está recibiendo 800 euros mensuales menos que sus compañeros heridos en ataques terroristas, tal y como estiman desde el bufete Osuna.

Los trabajadores, a través de sus representantes legales, han esgrimido el artículo 14 de la Constitución Española, alegando el principio de igualdad y el 33.3, que dice que "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización".