Cuando germina el odio

Seis concejales fueron fusilados en el 36, tras una "purga" que destituyó a los 12 ediles del equipo de Cruz López y a 42 funcionarios, incluido el secretario, también asesinado

20.08.2016 | 01:07
El alcalde Cruz López (con bastón) y Gregorio Marañón junto al obispo Arce Ochotorena en un acto oficial.

La sublevación del Ejército en 1936 y el inicio de la Guerra Civil fue un hecho en Zamora al día siguiente del golpe dirigido por Franco desde África el 18 de julio. Cuatro días más tarde, el Ayuntamiento presidido por Cruz López García era destituido, al tiempo que se formaba una comisión gestora con el comandante Teodoro Arredondo Lorza como nuevo regidor. De doce ediles, seis acabarían fusilados: Saturnino Barayón Fernández, Justo López Ferrero, Gonzalo Alonso Salvador, Herminio Asorey Martínez, Benedicto Carreras Pelayo y Quirino Salvadores Crespo.

La depuración, aconsejada oficialmente desde el Gobierno Civil, alcanzaría también a 42 empleados por decisiones tomadas en plenos celebrados en los meses de agosto y septiembre de ese año. Entre los asesinados figuran el secretario Ramón Prada Vaquero, el médico Eusebio Fernández Lorenzo, el delineante Fernando Leiras Pérez, el bombero Luis Burón Juárez, y el guardia municipal diurno Mateo Hernández Pedrero.

Las actas municipales correspondientes al 3 de agosto de 1936 transcriben una "moción de la Alcaldía sobre reorganización y acoplamiento del personal", donde se propone el cese de los empleados públicos y el nombramiento de sustitutos. El texto de la moción recoge: "Resultando que este Ayuntamiento así como la mayor parte de los de la Nación, debido, sin duda, a la sectaria actuación de los partidos políticos izquierdistas que han venido inspirando y controlando tan nefastamente el Gobierno de la República y la administración de los municipios (?) se halla servido por algunos funcionarios que por sus ideas extremistas y destacada actuación subversiva en las revolucionarias y antipatrióticas organizaciones marxistas a las que pertenecen, no pueden inspirar la confianza de que habrán desempeñar sus cargos y prestar los servicios a estos inherentes con la fidelidad y lealtad que demandan las circunstancias por que atraviesa nuestra querida madre España, y como por otra parte, varios de ellos han sido nombrados arbitrariamente para los cargos que desempeñan (?) el alcalde que suscribe tiene el honor de proponer a esa Comisión que se sirva acordar: Declarar cesantes en sus respectivos cargos a los señores siguientes". Así comenzó la depuración con los primeros 15 empleados del Ayuntamiento.

Las actas van selladas por el escudo oficial de la República con la leyenda de "Ayuntamiento Constitucional", un detalle del más negro sarcasmo , a la vista de lo que derivaba de su contenido.

El oficial letrado Julio Zarzosa, que actuaba de secretario accidental, habida cuenta de que el titular Ramón Prada Vaquero era una de las víctimas de la purga, advertía de la ilegalidad del acuerdo. Oponiéndose a la decisión objetó que los trabajadores "No pueden ser destituidos ni suspendidos los empleados municipales tanto propietarios como interinos sin la previa formación de expediente con las garantías que la Ley municipal establece en los artículos 195 y 196 y demás disposiciones en vigor".

La depuración se aceleraría en días posteriores con acuerdos tomados el 17 y el 24 de agosto así como el 2. 14 y 21 de septiembre. La represión que siguió al levantamiento del Ejército se fue encrudeciéndose. La cifra oficial de asentamientos en los libros del cementerio en los primeros cinco meses de guerra hablan de cerca de 900 muertos, según investigaciones del historiador Miguel Ángel Mateos, quien reconoce, sin embargo, la dificultad de establecer un número exacto de víctimas, al ser difícil establecer las desapariciones y las muertes ocurridas en las distintas cárceles al margen de ejecuciones.

El comandante militar de la plaza, quien había asumido las funciones de gobernador civil, Raimundo Hernández Comes, dicta una resolución el 15 de agosto en la que plantea llevar a cabo "una labor depuradora que desprovista en absoluta de toda pasión, logre apartar de las funciones públicas cuantos moral y materialmente no se hallen compenetrados con este noble movimiento", al tiempo que facultaba al alcalde para que "por sí, efectúe análoga labor depuradora en el personal subalterno de los distintos servicios, sin que los destituidos puedan recurrir estos acuerdos, plenamente justificados en razón a las anormales circunstancias por que atraviesa el país". Para entonces, muchos de los funcionarios apartados ya habían sido encarcelados y algunos de ellos serían asesinados en las semanas siguientes.

Atendiendo a las listas, que en su día fueron expuestas públicamente, las purgas van destinadas no solo a los altos funcionarios como el secretario, interventor, veterinario o delineante. Sobre todo quedan afectados los relacionados con el control de arbitrios "sobre carnes y vinos", además de guardias y bomberos, entre otros.

Así se culminaba un proceso que, en realidad, se había ido fraguando en los virulentos prolegómenos al golpe de Estado. Porque Zamora no fue en absoluto ajena a la violencia desatada entre defensores de ideologías encontradas. El 7 de octubre de 1934, cuando tiene lugar la Huelga General Revolucionaria, se produjeron desórdenes en toda la provincia y en la ciudad, en plena Plaza Mayor, incluso se escucharon disparos dentro y fuera del Ayuntamiento, tal y como narra Miguel Ángel Mateos en la Historia de Zamora.

Después de aquellos sucesos, el gobernador civil, Jerónimo de Ugarte, suspendió de funciones al alcalde Cruz López y a los concejales Alfonso Sever y Benedicto Carreras. Al alcalde se le imputó "negligencia y pasividad por no haber abastecido de pan y otros alimentos a la ciudad". A Sever y Carreras se les relacionó con "el origen de las cargas y descargas de escopetas y pistolas asentadas en el Ayuntamiento", así como por su pertenencia a la UGT. Igualmente fueron destituidos los socialistas Quirino Salvadores Crespo, Justo López Ferrero, Herminio Asorey e Isidoro Villalba, "en vista de la actuación francamente hostil que vienen realizando y su oposición antipatriótica el día 7 de octubre".

Al secretario municipal, Ramón Prada Vaquero se le acusa de falta de prevención y vigilancia al descubrirse un arsenal de explosivos encontrados por la policía tras una denuncia. Los fascistas, encabezados por Justo Gutiérrez, padre de Francisco Gutiérrez Rivero, escondían su propio arsenal en el convento de las Claras, según recoge Mateos.

El triunfo del Frente Popular, en febrero 1936, devolvió a sus puestos a todos los castigados por los desórdenes. Ya en julio, misma mañana del golpe, el socialista Ángel Galarza trató de convencer a sus compañeros que huyeran con él a Portugal. En aquel encuentro descrito por el historiador zamorano, Quirino Salvadores, Cruz López, Gonzalo Alonso Salvador y Saturnino Barayón, este último hermano mayor de Amparo, la esposa de Ramón J. Sender, también asesinada, declinaron la oferta de Galarza junto a otros destacados zamoranos de la República que también encontrarían la muerte tras ser trasladados a la cárcel de Toro, entre otros, Felipe Anciones e Higinio Merino. "Nada hemos hecho por lo que se nos pueda acusar. Como en octubre del 34, pensarían, para sí, acusaciones, procesamiento y, lo más, un paseo por la cárcel", indica Mateos. Pero había demasiado odio sembrado, rencores y enfrentamientos que se llevaron por delante la vida de tantos zamoranos a los que ahora, el Ayuntamiento propone restituir la dignidad robada.

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