Casi 160 pueblos delegan en la Diputación sus edificios en ruina ante la falta de medios

La complejidad de los derribos subsidiarios para municipios de menos de 5.000 vecinos lleva a la institución provincial a firmar convenios

14.08.2016 | 21:37
Derribo de un inmueble en Manganeses.

Nueve pueblos más se adhieren al acuerdo con la Diputación Provincial de Zamora para tramitar las declaraciones de inmuebles en ruina y los procedimientos de la ejecución subsidiaria de edificios en mal estado. Con las nuevas incorporaciones, casi 160 municipios de la provincia encomiendan a la institución provincial una tramitación compleja y larga en el tiempo para los municipios pequeños que cuentan con escasos medios materiales y personales y, en consecuencia, con poca capacidad de gestión. Estas dificultades de los municipios para la tramitación se hacen aún más patentes en los casos en que, ante el incumplimiento del propietario, los ayuntamientos se ven obligados a intervenir ejecutando la acción de forma subsidiaria para repercutir después los gastos derivados de la demolición.

Alfaraz de Sayago, Almeida de Sayago, Argañín, La Bóveda de Toro, Figueruela de Arriba, Mahíde, Moraleja de Sayago, El Perdigón y Villalonso son las nuevas localidades que se suman a esta gestión. Conocedora de la situación, la Diputación decidió apoyar a los municipios de población inferior a los 5.000 habitantes por entender que son los que tienen menor capacidad económica y de gestión mediante la realización de las actuaciones de carácter material que conlleven la tramitación de los procedimientos de declaración de ruina y, en su caso, las de ejecución subsidiaria de la ruina.

En el ámbito de aplicación del convenio están incluidos los inmuebles de propietarios privados ubicados en suelo urbano, a excepción de aquellos de propiedad pública, los que están situados en suelo rústico y suelo urbanizable, las bodegas tradicionales de carácter privado así como los inmuebles sobre los que hubiera recaído una declaración de ruina antes de la firma del convenio. No obstante, con carácter excepcional, se podrán incorporar al programa obras en inmuebles si se justifica su necesidad de intervención por razones de interés público.

La institución provincial, fruto del acuerdo, deberá hacerse cargo de la emisión de los informes técnicos y jurídicos necesarios así como de las notificaciones, la redacción del proyecto para la ejecución subsidaria, la realización de la demolición o la elaboración de la liquidación de los costes.

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