El Ministerio de Hacienda asegura que el plan de regularización catastral que se ha llevado a cabo en los últimos meses y que se hizo público la semana pasada posibilita que los ayuntamientos bajen el Impuesto de Bienes Inmuebles, el que más dinero reporta a las arcas municipales la mayoría de las veces. "Si pagamos todos, pagamos menos", argumenta Hacienda para hacer ver a los contribuyentes que las actuaciones llevadas a cabo en los últimos meses no suponen una subida de impuestos para los contribuyentes.

Lo que el Ministerio de Hacienda dice es que las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General del Catastro, que ha usado drones y satélites para descubrir más de 22.000 viviendas que no pagaban el IBI en la medida que les correspondía solo en la provincia, culminan con "la asignación de un valor catastral al bien inmueble aflorado y una fecha a efectos de dicho valor, información que se incorpora al padrón inmobiliario del municipio y servirá para la correspondiente gestión tributaria de los ayuntamientos respecto de las obligaciones por IBI de ejercicios futuros y pasados no prescritos. Esto", continúa el ministerio fiscal, "no implica necesariamente un aumento de recaudación para los ayuntamientos. El afloramiento de inmuebles no declarados puede permitir a los ayuntamientos rebajar los tipos de gravamen que aplican a la generalidad de los vecinos, sin mermar por ello sus recursos totales, precisamente gracias a la contribuyan todos los titulares de inmuebles".

Cabe recordar que los drones y satélites con los que ha trabajado el Catastro han permitido que los ayuntamientos incorporen a sus listas de pagadores del IBI a más de 22.500 titulares de edificaciones. Se han llevado a cabo unas 100.000 inspecciones en la provincia en un total de 131 municipios, lo que indica que prácticamente uno de cada cinco inmuebles analizados tienen irregularidades. Los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas indican además que los ayuntamientos han visto como su recaudación aumentaba en más de siete millones de euros solo por esta inspección.

Al ser los propios ayuntamientos los mayores beneficiarios del plan de regularización no resulta llamativo que hayan sido los equipos de Gobierno municipales los que hayan recurrido al ministerio para que inspeccionara sus términos municipales. Indica Hacienda que "estos inmuebles, por ejemplo, un chalet construido en una parcela urbana y no declarado en el catastro inmobiliario, disfruta de los mismos servicios públicos de las entidades locales que el resto de sus vecinos (servicios sociales, alumbrado, saneamiento o recogida de basuras.). Y es por tanto, de justicia, que su correcta incorporación al Catastro garantice su contribución al sostenimiento de dichos servicios públicos".

Además, "debe resaltarse que el hecho de que una construcción o reforma que no haya sido declarada ante el Catastro no implica que sea ilegal o legal. Es cuestión totalmente diferente la necesidad de proveerse de la preceptiva licencia urbanística que se otorga por la autoridad municipal y la obligación de presentar una declaración de alteración del bien inmueble ante el Catastro Inmobiliario".

"Por ello, el plan de regularización catastral no multa las obras ilegales. Es competencia de las autoridades municipales y autonómicas el ejercicio de las labores de policía urbanística, calificación de infracciones e imposición de sanciones en el ámbito de sus competencias y su incorporación al Catastro no convalida ninguna de esas situaciones pues, como está definido en la ley, el Catastro es un registro administrativo en el que se describen bienes inmuebles rústicos, urbanos o de características especiales de acuerdo con los parámetros establecidos legalmente".

Además, en lo que a la regularización de la descripción catastral de los inmuebles se refiere, este procedimiento excluye la aplicación de las sanciones catastrales por incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes del alta o modificación de los mismos ante el Catastro. Únicamente se ha establecido una tasa de 60 euros por inmueble objeto de regularización que debe abonar su titular y que tiene por objeto financiar el desarrollo del propio plan.