Los ayuntamientos ingresan más de siete millones del IBI tras la inspección catastral

Más de la mitad de la cantidad se justifica en los retrasos por no tener declaradas todas las construcciones, asegura el Ministerio de Hacienda

28.07.2016 | 17:30
Oficinas municipales del Ayuntamiento de Zamora.

La macroinspección de Hacienda, que ha servido para que afloraran más de 22.500 viviendas que no tributaban correctamente por el Impuesto de Bienes Urbanos en la provincia, supondrá unos ingresos millonarios para los ayuntamientos, los mayores beneficiarios de esta operación. Según la información trasladada a este diario por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas los ayuntamientos de la provincia han recibido unos ingresos superiores a los siete millones de euros (7,31 millones concretamente).

La labor inspectora, que abarca desde el año 2014, divide las edificaciones en las que se ha detectado algún tipo de fraude entre aquellas que llevan más de tres años defraudando, las que lo hacen desde el año 2015 y las más actuales. Así, la cuota íntegra recaudada por los ayuntamientos bajo el concepto del IBI del año 2014 se incrementa ahora en 107.942 euros. La del ejercicio 2015 repunta en 744.182 euros y la del ejercicio en 976.791 euros. Sin embargo, la cuantía más "jugosa" es la que obedece a los cargos que deben soportar los dueños de los inmuebles localizados en concepto de retrasos -al no haber abonado la parte correspondiente en plazo-. Solo por esta cuestión los ayuntamientos de la provincia han ingresado más de cuatro millones y medio de euros. Si se divide la cuantía total entre los edificios analizados resultaría que los ayuntamientos ingresan unos ochenta euros más por casa, una cantidad importante que es consecuencia solo de la eliminación del fraude.

"El procedimiento de regularización catastral no pretende alterar el valor catastral de los bienes declarados sino la incorporación al Catastro de aquellos que no figuren en el mismo y que, por lo tanto, supongan un fraude fiscal inmobiliario al no coincidir la descripción del inmueble que figura inscrito en el Catastro con la realidad inmobiliaria", asegura Hacienda.

"Estos inmuebles, por ejemplo, un chalet construido en una parcela urbana y no declarado en el catastro inmobiliario, disfruta de los mismos servicios públicos de las entidades locales que el resto de sus vecinos (servicios sociales, alumbrado, saneamiento o recogida de basuras). Es por tanto, de justicia, que su correcta incorporación al Catastro garantice su contribución al sostenimiento de dichos servicios públicos. Por eso, la actuación culmina con la asignación de un valor catastral al bien inmueble aflorado y una fecha de efectos de dicho valor, información que se incorpora al padrón inmobiliario del municipio y servirá para la correspondiente gestión tributaria de los ayuntamientos respeto de las obligaciones por IBI de ejercicios futuros y pasados no prescritos".

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