Hacienda ha descubierto más de 22.500 edificaciones en la provincia que no tributan a las arcas públicas como deberían. Es una cifra muy elevada para una provincia con un parque de viviendas como el zamorano. Los datos publicados por la Dirección General del Catastro indican que el 21,93% de los inmuebles analizados presentan indicios de fraude, un dato solo superado por el de Lugo. A nivel regional se han llevado a cabo 1.634.193 inspecciones y han aflorado 164.141 indicios de fraude, ya sea en suelo urbano o rústico. Alrededor del diez por ciento, un porcentaje que no es ni la mitad del registrado en Zamora.
El Catastro realiza esta investigación desde el año 2014 mediante fórmulas tecnológicas sin precedentes en España. En esta ocasión se han utilizado satélites y drones, que han sobrevolado las propiedades estudiadas para intentar averiguar vulneraciones de la ley. Ahora se ha puesto en marcha una recaudación extraordinaria del Impuesto de Bienes Inmuebles que, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, puede ascender a más de 1.250 millones de euros.
Por lo referente a Zamora, las infracciones más recurrentes refieren a reformas y cambios de uso, el 41% del total. Las nuevas construcciones suponen el 32% de los casos de fraude detectados mientras que las ampliaciones y rehabilitaciones equivalen al 26%. No tienen apenas incidencia las piscinas, que solo suponen un 1% de los casos de fraude detectados por el Ministerio de Hacienda.
La estimación de Hacienda es que el fraude en este sentido afecta aproximadamente al nueve por ciento de los inmuebles dados de alta en el padrón, unos 1,69 millones de edificaciones en total.
Los grandes beneficiarios de esta investigación son los propios ayuntamientos, que serán los que después recauden el IBI. De hecho, indica Hacienda, en muchas ocasiones han sido los propios consistorios los que han pedido que los drones sobrevuelen las viviendas y terrenos de sus vecinos para detectar anomalías.
No hay datos oficiales, pero las estimaciones hechas por el diario El Mundo indican que el Catastro habría invertido unos ochenta millones de euros en un rastreo que no tiene precedentes. Hacienda sí que indica que, por cada euro invertido en este tipo de medidas, las arcas públicas obtienen una contrapartida de 16 en concepto de aumento de la recaudación del IBI.
Cabe recordar que el aumento del valor de la construcción que no sea declarado implica fraude en el IBI. El impuesto es fundamental en los presupuestos de todos los ayuntamientos del país y, en según qué casos, puede llegar a suponer hasta un 50% de los ingresos que tienen los consistorios a lo largo del año.
