"Estamos totalmente en contra de una medida que afecta a la liquidez de las empresas y que puede perjudicar a la actividad que llevan a cabo en la provincia". Así de tajante se muestra el presidente de CEOE-Cepyme Zamora al hablar sobre las modificaciones que introduce el Gobierno en funciones en el Impuesto de Sociedades, unos cambios que afectan a las empresas con una facturación anual de más de veinte millones de euros. José María Esbec asegura que "va a penalizar la actividad económica. Además, no es de recibo que esto se apruebe deprisa y corriendo por las exigencias de Bruselas, con un plazo que va desde ahora hasta finales de año. Las empresas, y más las de este tamaño, hacen unas previsiones que ahora no sirven. Les afecta en sus proyecciones, a su situación financiera, y esperamos que no afecte a los trabajadores", zanja Esbec.

Los cambios normativos afectan directamente a alrededor de una docena de sociedades zamoranas, las de mayor tamaño y, por tanto, las que más contrataciones tienen a su cargo. Las novedades obedecen al deseo de que España corrija su exceso de déficit y las empresas tendrán que adelantar a octubre y diciembre unos pagos que en condiciones normales se tendrían que llevar a cabo en verano del año que viene. Las modificaciones afectan, entre otras sociedades zamoranas, a empresas tan relevantes como Moralejo Selección, Leche Gaza, Freigel Food Solutions o Lácteas Cobreros, punteras en una provincia en la que, por lo demás, predomina la pequeña y mediana empresa. De hecho, alrededor de la mitad de las empresas de Zamora no tienen ningún trabajador -solo el propio empresario-, dato que pone de manifiesto lo relevante de estas grandes sociedades en el panorama empresarial zamorano.

El Gobierno calcula que con esta medida podrá recaudar algo más de 6.000 millones de euros y subraya que no se trata de una subida de impuestos pues la cantidad a pagar será la misma, solo que se adelanta. A nivel nacional la medida afecta a más de cuatro mil empresas, muchas ubicadas en Madrid y Cataluña, sede de las principales multinacionales españolas.

La medida, aseguran los empresarios, "acarreará un golpe a la tesorería de las grandes empresas, que deberán adelantar el cuantioso pago como mínimo seis meses y podrán ver limitadas sus inversiones", pero el Ejecutivo ganará una fuerte inyección de liquidez en sus cuentas. Se trata de una medida incluida en las alegaciones que el Gobierno envió a Bruselas el pasado 13 de julio para evitar que el procedimiento abierto por la Comisión Europea acabe en sanción.